Las empresas deberán indemnizar a los usuarios por daños y perjuicios

La ley incluirá un extenso catálogo de infracciones y prevé que pueda darse publicidad a las infracciones que hayan cometido las empresas en los últimos tres años. “Kontsumobide podrá acordar en sus sanciones a las empresas que devuelvan las cantidades cobradas indebidamente a las personas consumidoras, e incluso se pueda indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de la infracción. Además de la sanción administrativa, se determinará el importe de la devolución o indemnización, que podrá hacerse efectiva por la propia administración, con el fin de reforzar la protección de la persona consumidora” ha explicado el consejero, Javier Hurtado.

Otra de las novedades que aportará esta nueva normativa cuando esté aprobada pasa por una mayor protección de derechos relacionados con la información. Por ejemplo, en los servicios de interés general (agua, electricidad, gas, teléfono o internet) las empresas deberán ofrecer un plazo de subsanación antes de interrumpir la prestación y, además, deberán contar con un teléfono gratuito. Asimismo, la nueva ley obligará a empresas de servicios a ofrecer información, con carácter previo a su contratación, sobre las incidencias por obras de mantenimiento, gran afluencia de personas o condiciones meteorológicas, que puedan afectar a su uso. Por ejemplo, deberán avisar si alguna atracción está cerrada en un parque de atracciones o si una máquina está estropeada en un gimnasio.

Inspectores no identificados

Se refuerza el papel de mediación, como en el caso de las ejecuciones hipotecarias, en las que Kontsumobide podrá mediar. Un tercer aspecto es el fortalecimiento del control de mercado que incorpora novedades relevantes. En línea con las directrices europeas, se refuerza la inspección de consumo y se autorizará al personal inspector a no identificarse cuando por tal motivo pueda frustrarse la finalidad de su actuación. La protección a los más vulnerables centra esta nueva normativa, y por eso recoge medidas como la prohibición de la venta a domicilio sin cita previa. Era una práctica que sobre todo afectaba a mayores.