El último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de verano ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática que incluye un régimen sancionador para las infracciones que se cometan contra ella y cuyas multas pueden alcanzar los 150.000 euros en caso de ser muy graves. Entre las graves, se establecen las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y los actos de exaltación del golpe militar de 1936 y del franquismo, que pueden ser sancionados hasta con 10.000 euros. Este anteproyecto de norma propone un día anual en Euskadi de homenaje a las víctimas mortales de la contienda civil y de la dictadura, y el desarrollo de herramientas didácticas para la inserción de la Memoria Histórica en el curriculum vasco.
Esta norma regulará las políticas públicas para la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, aunque no supone el inicio de la actuación pública e institucional en esta materia en la Comunidad Autónoma Vasca, que lleva una trayectoria "de décadas como referencia en memoria histórica y democrática" y, con ella, se quiere "reforzar y dotar de marco normativo" a estas actuaciones, según ha explicado la consejera de justicia Beatriz Artolazabal. Se trata, según ha apuntado la consejera, de "un nuevo paso que consolida normativamente las políticas públicas de memoria", y promueve y amplía el volumen de actuaciones. Esta norma tiene un doble objetivo: el de promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; y el de fomentar "principios y valores éticos y democráticos". Beatriz Artolazabal ha destacado que este proyecto "mira al pasado, pero, sobre todo, mira al futuro de Euskadi con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y la no repetición", que, a su vez, son "patrimonio democrático de todos".