El Gobierno de Navarra discrepa del informe de Anticorrupción y no paralizará las obras

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción considera que la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate es "nula de pleno derecho" ya que cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieron sus puntuaciones al presidente, y éste determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás. El informe, uno de los que el Gobierno foral había encargado como parte de la auditoría interna tras el informe de la UCO, es discrepante con el emitido por la Cámara de Comptos, al que se había aferrado el Gobierno.

REACCIONES DEL GOBIERNO DE NAVARRA

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite no comparte las conclusiones del informe sobre la adjudicación de las obras de Belate, y defiende que el criterio de la OANA "no paraliza la ejecución de las obras". "Seguimos pensando que la adjudicación es legal y transparente", ha dicho Chivite, que ha añadido que "irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción". Óscar Chivite ha defendido que la adjudicación de Belate cuenta con un informe positivo de fiscalización firmado por el interventor de la mesa de contratación, un informe positivo con un reparo, pero no suspensivo. Por tanto, ha señalado que este trámite "obliga a seguir con el proceso de licitación y adjudicación".

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, que fue gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2023, ha calificado de inciertos varios de los incumplimientos que ha detectado Anticorrupción en la adjudicación a Acciona y Servinabar de 62 viviendas de alquiler en Erripagaña, y ha sido crítico con el informe. Ha señalado que la autorización para la licitación venía englobada en el proyecto social housing que incluía esta promoción y otras. El actual consejero de desarrollo rural ha reconocido que no se han encontrado las actas de la mesa de contratación, negando cualquier responsabilidad al respecto. Ha resaltado que las contrataciones de la UTE Acciona Servinabar solo supusieron el 8 por ciento de los 164 millones adjudicados por Nasuvinsa entre 2017 y 2023.

PSN, PPN y UPN

Desde el PSN, su portavoz, Ainhoa Unzu expone que se trata de una irregularidad administrativa y que eso ni mucho menos es corrupción, mientras que desde el Partido Popular, su presidente en Navarra, Javier García, ha anunciado que su formación está analizando la posibilidad de llevar estos informes ante la Fiscalía si no van de oficio y exige la convocatoria inmediata de elecciones. Y el diputado popular, Sergio Sayas, exige dimisiones. Para UPN, que llevo este caso a los tribunales, la oficina Anticorrupción es clara y contundente en su análisis. Javier Esparza, portavoz regionalista en el Parlamento, pide al Gobierno que dé la cara