El objetivo principal es el de esclarecer el contexto de los abusos. Según el último informe realizado por la Universidad Pública de Navarra, se han identificado 61 víctimas, 36 presuntos abusadores o victimarios, de unos delitos cometidos en 24 centros educativos o instituciones de 13 congregaciones.
La futura ley contempla un órgano que se encargará de analizar y resolver las solicitudes de víctimas y contará con la presencia de dos miembros designados por el Arzobispado. Tanto la Asociación de Víctimas de abusos sexuales en centros religiosos de Navarra como la Asociación de Victimas de Pederastia de la Iglesia en Navarra consideran un paso muy positivo la aprobación de esta normativa.
En Más de Uno Pamplona Marcos Leyún, presidente de esta última asociación, ha discrepado con la presencia de la iglesia en la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Navarra.
Precisamente el Gobierno de Navarra y la Asociación Navarra de Víctimas de Abusos en el seno de la Iglesia católica han suscrito un convenio de colaboración por el que se dota de 30.000 euros a la asociación para el presente ejercicio de 2022. Cantidad que está destinada a poner en marcha medidas dirigidas a la defensa de los derechos fundamentales de estas victimas. Se hará a través de una asistencia integral que contemple daños físicos o psicológicos en entornos eclesiásticos y que contribuya a la reparación del daño infligido.