Murcia | 26.11.2020 10:24 (Publicado 26.11.2020 10:23)
El próximo Sábado 28, a partir de las 12.00 del mediodía, se instalarán durante varias horas, mesas situadas en diferentes puntos de la Región de Murcia:
Todos los asistentes podrán informarse sobre esta ILP y firmar la misma, para lo que se requiere ser español, mayor de edad y estar inscrito en el censo electoral, dado el carácter de legalidad que requiere la presentación de la ILP. También se explicará cómo colaborar en la recogida de firmas.
Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, especialista en justicia ecológica y redactora de la proposición de ley incluida en la iniciativa legislativa popular ha explicado que “el diagnóstico del estado ecológico del Mar Menor es el de una agonía en peligro inminente de colapso, comprometiendo sus valores naturales, paisajísticos, turísticos, culturales y espirituales, y la solidaridad para las generaciones futuras.
La propuesta de dar personalidad jurídica y reconocer derechos al Mar Menor como entidad de natural supone una novedad en el Derecho, que ya ha sido llevada a cabo por otros países, como Colombia, India, Nueva Zelanda o la ciudad de Toledo en el estado de Ohio, en EEUU”.
La figura de la personalidad jurídica nace del reconocimiento del valor ecológico propio del ecosistema del Mar Menor y de la necesidad de protegerlo y hacer valer su derecho propio a existir, a ser reparado el daño causado y a poder desarrollarse según su propia estructura natural, afirma la investigadora.
Los colectivos que promueven en esta iniciativa demandan acciones concretas e inmediatas que frenen el deterioro del Mar Menor y consigan su recuperación.
El Congreso admitió el pasado mes de septiembre la proposición de ley para que el Mar Menor tenga personalidad jurídica.
Ahora tienen 6 meses para conseguir las 500.000 firmas que permitirán que se debata en el parlamento nacional, si bien la Asamblea Regional de Murcia podría elevarlo también al Congreso, y ahorrar el trámite de la recogida de firmas, pero la Asamblea Regional rechazó tramitar la ley que daría derechos al Mar Menor. La Mesa de la Cámara alega que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para reconocer la personalidad jurídica de la laguna.