Juzgados de Fontiñas

Un policía urbanístico de Santiago se enfrenta a cuatro años de cárcel por falsificar el informe de una obra

La acusación particular solicita que el concello de Santiago asuma la responsabilidad civil subsidiaria

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Un policía urbanístico de Santiago se enfrenta a cuatro años de cárcel por falsificar el informe de una obra | Europa Press

La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha acogido este miércoles la audiencia preliminar contra un funcionario del Ayuntamiento de Santiago acusado de falsificar un informe que certificaba la finalización de una obra que, en realidad, ni siquiera había comenzado. La Fiscalía solicita para él cuatro años de prisión.

La vista, que comenzó pasadas las 10.30 horas, fue suspendida poco después y las actuaciones se remitieron al juzgado de instrucción al tenerse en cuenta que la acusación particular reclama también que el Ayuntamiento de Santiago asuma la responsabilidad civil subsidiaria.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado desempeñaba en 2015 el cargo de policía urbanístico. El Ministerio Público sostiene que el informe presuntamente falsificado evitó que el Ayuntamiento iniciara el procedimiento para declarar la caducidad de una licencia urbanística por el transcurso del plazo legal para ejecutar las obras.

La licencia había sido concedida en julio de 2011 para la construcción de un edificio de 30 viviendas en el ámbito del Plan Parcial de Fontiñas y estaba sujeta al cumplimiento de determinados plazos y condiciones. La supuesta falsificación se produjo tras una orden emitida en mayo de 2015 por la jefa del servicio de Licencias y Disciplina Urbanística.

Siempre según la Fiscalía, el funcionario elaboró en junio de 2015 un informe en el que hacía constar que el edificio estaba "exteriormente finalizado". Sin embargo, el escrito sostiene que esa afirmación era falsa y que el acusado era plenamente consciente de ello. Además, en lugar de incorporar fotografías del inmueble objeto de la inspección, incluyó imágenes de otro edificio situado en el mismo barrio.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública.