El gobierno de Santiago remarca que la denegación de la prórroga del interventor se anula "por un requisito formal"

El gobierno de Santiago ha subrayado que la sentencia que anula la denegación en 2024 de la prórroga solicitada por el entonces interventor se basa en “un requisito formal”, al tiempo que confirma que la motivación del expediente era suficiente. En este contexto, el Ejecutivo local estudia los próximos pasos a seguir: interponer recurso o ejecutar el fallo y retrotraer el procedimiento.

Según fuentes municipales consultadas, la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de la que se hace eco La Voz de Galicia, considera necesario que la jefatura de Personal emita un informe, al entender que es el órgano competente en esta materia. Esta exigencia se suma a los informes ya incluidos en el expediente, procedentes de las áreas de Administración, Informática y la Coordinación Xeral.

El gobierno local insiste en que el expediente estaba “debidamente motivado”, tal como ya había recogido la sentencia de primera instancia. No obstante, el fallo obliga a reiniciar el procedimiento para incorporar el informe de la jefatura de Personal y dictar una nueva resolución.

Ante esta situación, el Ayuntamiento contempla dos opciones: cumplir la sentencia incorporando el requisito formal señalado o presentar un recurso de casación. Los servicios jurídicos están evaluando ambas alternativas, dentro del plazo aún vigente, para determinar la decisión final.

Por su parte, el concejal del PP en Santiago, José Ramón de la Fuente, ha afirmado en un comunicado que el TSXG “confirma plenamente las dudas y advertencias” que su formación expresó en 2024 sobre la actuación del gobierno de Goretti Sanmartín.

El edil popular ha recordado que ya entonces denunciaron la “gravedad institucional” de una decisión que calificaban de “profundamente política”, al considerar que la negativa a la prórroga del interventor podía responder a un intento de apartar a una figura incómoda por su labor independiente de control y fiscalización económica.

“El tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Lo que el gobierno de BNG y CA presentó como una decisión organizativa concluye ahora con una sentencia del TSXG que anula el procedimiento por no ajustarse al marco legal establecido”, ha señalado.

Asimismo, ha advertido de una “creciente politización” de la estructura municipal y ha criticado que, mientras se aparta a funcionarios independientes, el gobierno local refuerza los puestos de confianza y libre designación con personas vinculadas políticamente al BNG.