El concello de Santiago prevé que la zona tensionada entre en vigor "antes de julio" e irá de la mano de tres programas de medidas correctoras

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha señalado que la declaración de zona de mercado residencial tensionado podría entrar en vigor antes de julio y que irá acompañada de un plan de acción municipal estructurado en tres programas de medidas correctoras.

Así lo explicó este lunes en una rueda de prensa en el Pazo de Raxoi, tres días después de que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciase la aprobación del trámite que permitirá regular los alquileres en la ciudad. Según el edil, esta medida es fruto de un proceso prolongado que ha requerido “trabajo, perseverancia y tenacidad”.

La aprobación de la declaración ha tardado cerca de un año desde que el Gobierno local —formado por BNG y Compostela Aberta— inició la solicitud en mayo de 2025, tras la cual la Xunta requirió documentación adicional.

No obstante, su aplicación no será inmediata. Antes deberá publicarse en el BOE, un proceso que podría prolongarse hasta dos meses —como ocurrió en A Coruña—, y aprobarse el plan municipal de medidas. Una vez activada, la declaración tendrá una vigencia de tres años y abarcará todo el término municipal.

Entre sus efectos, se establece que los nuevos contratos de alquiler no podrán superar el precio del contrato anterior, actualizado conforme a la normativa, salvo en casos de rehabilitación. Tampoco se podrán añadir nuevos gastos al inquilino si no estaban previamente contemplados.

En el caso de grandes propietarios o viviendas sin contratos recientes, los precios estarán limitados por los índices estatales de referencia. Además, se considerará gran propietario a quien posea cinco o más viviendas en el municipio; actualmente, existen 2.267 inmuebles en manos de este tipo de titulares.

De forma paralela, el Ayuntamiento deberá aprobar en un plazo de dos meses un plan de medidas correctoras dividido en tres programas. Según Lestegás, muchas de estas actuaciones ya están en marcha.

El programa A se centra en optimizar el uso del parque residencial existente, incluyendo acciones de rehabilitación y movilización de viviendas vacías. El programa B busca ampliar la vivienda protegida mediante la creación de un parque público de alquiler y la incorporación de reservas de vivienda protegida en el centro urbano. Por último, el programa C pretende mejorar la eficiencia administrativa, con medidas como la reorganización del servicio de licencias urbanísticas y la simplificación de trámites.

El plan incluye un calendario de ejecución y una serie de indicadores para evaluar su cumplimiento durante la vigencia de la declaración.

Lestegás defendió que el Ayuntamiento cuenta con una estrategia definida en materia de vivienda y aseguró que esta medida contribuirá a frenar el aumento de los alquileres, aliviar la situación de los inquilinos y facilitar el acceso a más recursos.

Durante el turno de preguntas, el concejal rechazó que la declaración vaya a provocar una retirada de viviendas del mercado. Como ejemplo, citó el caso de A Coruña, donde el número de contratos pasó de 220 en diciembre de 2024 a 336 en diciembre de 2025. Además, indicó que los precios del alquiler descendieron un 7% entre junio y diciembre del pasado año.

Asimismo, advirtió contra el uso fraudulento de contratos de temporada para eludir los límites de precios. Recordó que estos contratos deben justificar su carácter temporal y que el arrendatario debe disponer de un domicilio permanente.

También señaló que el uso indebido de estos contratos puede dar lugar a actuaciones por parte de las autoridades de consumo, Hacienda y la justicia. En este sentido, mencionó que el Gobierno de Navarra ya está revisando contratos para detectar y sancionar irregularidades, y cuestionó si la Xunta adoptará medidas similares.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, consideró que la declaración es necesaria, pero insuficiente, y criticó la ausencia de medidas inmediatas para contener el precio de la vivienda.

En un comunicado, el PSOE local reclamó mayor concreción por parte de la Xunta y del Ayuntamiento, así como la puesta en marcha de medidas eficaces con calendario, financiación y coordinación institucional.

Finalmente, los socialistas insistieron en la necesidad de movilizar vivienda vacía como la vía más rápida para aumentar la oferta y garantizar precios accesibles en un contexto que califican de emergencia habitacional.