La cárcel de A Lama sitúa la economía del concello al límite
La prestación de servicios básicos al centro penitenciario, como agua o recogida de residuos, genera unos gastos inasumibles para el ayuntamiento de A Lama
Pontevedra | 10.05.2024 15:08
La economía municipal se encuentra al límite en un concello como A Lama, al no percibir apoyo o ayudas por parte de otras administraciones para soportar el suministro de servicios básicos a un centro como la Penitenciaria de A Lama. Su alcalde David Carrera, a inicios de esta semana, mantenía un encuentro con responsables del Ministerio del Interior, en Madrid, con el objetivo de exponerles la difícil situación que atraviesa la economía del municipio.
Asegura que, con el nivel de recaudación actual, resulta extremadamente complejo poder garantizar la prestación de servicios como agua o recogida de basura a una pequeña ciudad como es un centro penitenciario. Ante esta carga extraordinaria, la tensión y el estrés económico es muy superior a los de otros municipios limítrofes con un densidad de población similar (2520 habitantes censados - Fuente: INE)
El regidor espera que la supuesta receptividad del Ministerio del Interior, que se comprometió a trasladar las necesidades de reducciones fiscales al Ministerio de Hacienda, se traduzca en realidades y se materialice en parámetros como la exención de algunas obligaciones tributarias del concello o el hecho de poder habilitar alguna línea bilateral de ayudas públicas que proporcione recursos para hacer frente a unos gastos de elevadas proporciones.
Imagen turística
A mayores, Carrera recuerda que soportar en el territorio un centro penitenciario lamina cualquier posibilidad de promoción turística ante la mala o negativa imagen que proyecta. Es por ello por lo que solicita una compensación por esta consecuencia de gran impacto. Propone la posibilidad de retribuir al municipio en función del número de internos que se encuentren ingresados, en un determinado periodo de tiempo, en la cárcel.
Desde el concello de A Lama, el alcalde se mantiene en modo de espera, y atento, a cualquier síntoma de respuesta de la Administración Central ante estas demandas que, a su entender, considera más que justas con un municipio condicionado por la ubicación de un penal de alta seguridad desde hace ya más de dos décadas.