El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, no quiere que entren ni salgan regalos de ningún centro de trabajo de la institución provincial y promete "tolerancia cero" con prácticas como las que ha destapado la operación Pokemon en las que políticos y funcionarios del Concello de Ourense y otros ayuntamientos de Galicia supuestamente recibían regalos de empresas vinculadas a la gestión de servicios públicos.

Con el objetivo de frenar esta y otras conductas irresponsables que pudiesen surgir y afectar a la imagen de la Diputación, Baltar Blanco ha redactado de su puño un letra un código ético y de buena conducta con el que pretende un comportamiento ejemplar de sus trabajadores y de todos los cargos electos y que sirva, además, de referente para otras instituciones. De hecho, este documento será el primero de estas características que se apruebe en una diputación española.

Baltar manifestó su "desconocimiento absoluto" sobre la entrada o salida de regalos actualmente en la Diputación pero recalcó que cualquiera que se produzca a partir de ahora "deberá ser inmediatamente devuelto". Cualquier dádiva, favor o compensación, en metálico o en especie, que llegue a producirse quedará registrada. De no ser posible la devolución, el regalo se destinará a fines sociales. Su posición es tajante: "Los códigos que consulté para elaborar este ponen límites de 50 o 100 euros pero yo no quiero límites y la única excepción que pongo es la de los regalos de carácter protocolario institucional", aseguró. "Ni tuve conocimiento de regalos hasta ahora ni quiero tenerlo con la aplicación estricta del código ético", indicó.

La intención del presidente es llevar este documento al pleno de abril después de pasar por la comisión informativa e incorporar aquellas consideraciones o enmiendas que plantee cualquier diputado o trabajador en el caso de que se consideren procedentes. Ayer presentó el código a los grupos de la oposición y a los medios de comunicación después de que el pleno del 28 de febrero aprobase su moción para elaborar este documento.

El código ocupa 18 páginas y se estructura en 16 principios éticos de referencia para cargos electos y personal. Todos los trabajadores y políticos deberán firmarlo y en caso de conductas dudosas o posibles denuncias sus actuaciones serán sometidas a la valoración del Comité de Ética que velará por el cumplimiento del código y aplicará las medidas que considere.

El documento también suprime la práctica de colocar placas o símbolos inaugurales en edificios públicos con el nombre del presidente pues "se construyen con fondos procedentes de los impuestos que pagan los ciudadanos", por lo que es "innecesario". Tampoco se podrá mezclar lo institucional con lo partidista y queda prohibido hacer declaraciones de partido frente a los emblemas de la Diputación.

El código ético también impone a los miembros de la corporación que publiquen anualmente su declaración del IRPF en cuanto finalice el plazo de la campaña de la renta y un año después de dejar la institución para que los ciudadanos puedan conocer la evolución de su patrimonio, y les impide fichar durante el año siguiente a la finalización de su mandato por empresas con las que la institución realizó contratos mientras fue diputado. También se exige el cumplimiento estricto de la normativa y pactos en materia de transfuguismo.