El alcalde de Cea cree que su imputación por presunto soborno se debe a una confusión
El regidor defiende que se confundió la petición de cumplimiento de un convenio con un chantaje a un empresario
José Luis Valladares (PP), alcalde veterano de San Cristovo de Cea, no se reconoce en el papel de imputado y el lunes, su abogado defensor, Manuel Blanco, pedirá a la juez de O Carballiño que sobresea la causa en la que el regidor está siendo investigado por un supuesto delito de cohecho, tal y como ayer avanzó Europa Press en Ourense. El jefe del grupo empresarial "Las 5 Jotas", José Manuel Costas, que suma más de una decena de condenas por fraude fiscal, lo mencionó en noviembre tras amagar con sacar a la luz toda una lista de presuntos políticos corruptos de todos las siglas. Fue un farol.
Solo aludió a Valladares, al que culpó por, presuntamente, chantajearlo exigiéndole pagos en negro a cambio de poder desarrollar un polígono en la localidad ourensana que se anunció con boato en la antesala de las autonómicas de 2009, pero cuyos terrenos siguen siendo un solar. Valladares, que fue interrogado el pasado 2 de abril, achaca la causa penal derivada desde un juzgado de Vigo a una "confusión" entre el supuesto chantaje y "el requerimiento de cumplimiento" de los términos del convenio entre el concello y la empresa para desarrollar la zona. El político está inmerso en una pieza derivada de la mayor investigación contra el fraude fiscal, mediante la emisión de facturas falsas, destapada en Galicia.
En una declaración realizada el pasado 14 de noviembre ante la magistrada de Instrucción Número Seis de Vigo, Costas aludió expresamente al veterano regidor de Cea y al secretario del ayuntamiento, S.M.V., que declaró el 9 de abril. Según la versión del empresario, Valladares y el funcionario habrían percibido 50.000 euros en dinero negro y le habrían exigido otros 250.000 más "como condición para escriturar" a nombre de su sociedad un total de 365.000 metros cuadrados de terreno, entre el suelo de propiedad municipal y el procedente de la comunidad de montes de Cea, para la instalación de su fábrica de casas prefabricadas, "a cambio de ciertas cantidades entregadas por Costas en concepto de reserva" que alcanzaron según el imputado 2 millones de euros.
"Me dijo que me tenían 'agarrado por los huevos' y estaba presente el alcalde", fue la frase literal del empresario ante la magistrada viguesa. La mordida sería la condición indispensable para poder escriturar los terrenos del polígono de Cea, según aquella versión que derivó en la enésima imputación de un político ourensano.
Tanto el regidor como el funcionario negaron las acusaciones y aportaron la documentación de dos convenios firmados en 2008 y 2009, con el correspondiente visado previo del técnico municipal, según fuentes jurídicas recabadas por Europa Press.
El letrado del alcalde y el secretario, Manuel Blanco, explicó que los convenios contemplaban la titularidad de una parcela para José Manuel Costas después de ejecutarse en dos fases, el pago de 300.000 y 1,4 millones. Según el abogado, el empresario comenzó a tener problemas con la Justicia y con Hacienda, tras hacer una parte del primer pago, le urgió que la parcela pasase a constar a su nombre, "así que pidió al Ayuntamiento de Cea la entrega de la parcela y este le respondió afirmativamente pero que sería a cambio del pago comprometido por los convenios".
El letrado del alcalde detalló que el escrito para pedir el sobreseimiento de la causa contra Valladares y el secretario municipal podría estar presentado en el juzgado el lunes día 28 de abril. Incluirá un resumen de las actuaciones practicadas en las que, según ha dicho, queda claro que no se acredita ninguna acción delictiva de los imputados y que las actuaciones del alcalde fueron visadas previamente por el secretario y controladas según la legalidad y corrección vigentes. "No hay nada incorrecto en todo lo que hicieron ni elementos que puedan ser indicios de alguna responsabilidad penal", informa la agencia de noticias.
Cuando estalló la polémica, Valladares negó categóricamente las acusaciones de Costas y anunció una querella. El regidor alegaba que, hace unos 2 años, la Agencia Tributaria de Vigo hizo en Cea una inspección. No se detectaron irregularidades, según su versión. El político sostuvo que el concello entregó a Costas 160.000 metros cuadrados para que levantara una nave de 50.000 a cambio de una fianza de 1,84 millones. Le pidió después un importe similar para poder escriturar. "Nos ceñimos única y exclusivamente los convenios", decía.