La suma PP-Vox sacaba adelante la propuesta de ley de concordia que deroga la Ley de Memoria Democrática de Extremadura, vigente desde el 2018. Una ley que es el peaje que Vox se cobra ahora por apoyar el Decreto de medidas fiscales que la Junta registró tras la retirada de los presupuestos extremeños del 2025. Perfil bajo del Grupo Popular, que garantiza que las exhumaciones continuarán, sacaba pecho Vox asegurando que esta ley se basa en el perdón y en el trato igualitario a todas las víctimas.
El PSOE denunciaba que la ley no hace alusión a la dictadura, ni al franquismo e intenta equiparar a víctimas y verdugos. Tras el pleno, presidente del Grupo Socialista, Miguel Ángel Gallardo, anuncia que pedirá al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la misma. Por su parte, los diputados de Unidas por Extremadura lucían una camiseta con el lema “14.000: Extremadura tiene memoria”, y aseguraban que la ley echa por tierra el legado de Guillermo Fernández Vara y deja en "la cuneta" a 14.000 extremeños que fueron ejecutados tras el golpe de estado y la posterior dictadura franquista.
Una ley que ha sido muy criticada y rechazada también por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Amnistía internacional, o por sindicatos como CCOO y UGT entre otras.