El Supremo no admite el recurso de la Junta de Extremadura que pretendía impedir la demolición de Valdecañas

Hace más de quince años Ecologistas en Acción inició un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.

En este largo proceso, la Junta de Extremadura acumula un enorme catálogo de sentencias en contra, a las que ahora se suma una más. El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que no admite los recursos de casación de la Junta extremeña ni tampoco de las dos promotoras, Marina Isla Valdecañas, S.A. y Golf Valdecañas, S.L., que pretendían evitar la demolición del complejo.

La providencia del Tribunal Supremo, contra la que no se puede recurrir, es contundente: “las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias [esto es, de demoler el complejo], cuando nuestra sentencia de 9 de febrero de 2022 (…) expresamente declara que ‘no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole’”.

Según Ecologistas en Acción, ahora el paso lógico sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a la demolición inmediata de la urbanización ilegal, y así lo va a exigir la organización ecologista. Los trabajos en la parte no concluida de la urbanización deberían empezar de forma inmediata, mientras que en la parte ya completamente urbanizada el Tribunal Supremo dictaminó también su demolición, aunque el Constitucional admitió a trámite un recurso que aún está pendiente de resolver.

Ecologistas en Acción quiere enfatizar que todo este largo proceso judicial y todos los gastos que van a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012, cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas. Sin embargo, en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción en aquel momento) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo completamente fuera de su alcance.

Asimismo, la organización ecologista también exige a la Junta de Extremadura que pida disculpas por “su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto, que recientemente ha llegado a promover una ley para sortear el cumplimiento de estas sentencias”. También reclama que se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.