PP, PSOE, Vox y Unidas gastaron 1,7 millones en las elecciones autonómicas del 21D

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre de 2025, en las que las cuatro formaciones con representación parlamentaria gastaron 1,7 millones de euro en total.

El informe concluye que, "con carácter general", las formaciones políticas fiscalizadas han cumplido adecuadamente la normativa en materia de ingresos y gastos electorales, según ha informado en un comunicado.

En consecuencia, no formula propuestas de no adjudicación ni de reducción de las subvenciones electorales, al no concurrir los supuestos previstos legalmente para ello.

Las cuatro formaciones políticas obligadas a presentar su contabilidad electoral la remitieron dentro del plazo legal y a través de la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas.

En conjunto, declararon recursos para financiar la campaña por importe de 1,7 millones de euros, mientras que los gastos electorales considerados justificados ascendieron igualmente a 1,7 millones de euros.

En este importe se incluyen también los gastos derivados del envío de propaganda electoral, ya que la legislación electoral de Extremadura no prevé una subvención específica para este concepto, a diferencia de otros procesos electorales, por lo que dichos gastos computan dentro del límite máximo de gasto electoral.

El informe señala también que ninguna formación política superó el límite máximo de gasto previsto para estas elecciones autonómicas, ni los límites específicos establecidos para la publicidad exterior y la publicidad en prensa y radio.

Entre las observaciones de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha detectado diferencias significativas entre los precios facturados por distintos proveedores para el suministro de sobres y papeletas de votación y los precios de adjudicación del contrato formalizado por la Junta de Extremadura.

Asimismo, cinco empresas que facturaron más de 10.000 euros y una entidad financiera incumplieron la obligación legal de remitir al Tribunal de Cuentas la información prevista en la legislación electoral sobre determinadas operaciones vinculadas a la financiación de la campaña.