EDUCACIÓN

Profesores Técnicos de FP con más de 35 años de experiencia denuncian su exclusión de las listas de interinos por no poseer un título

La aplicación de la nueva normativa podría dejar fuera a varios docentes de edades comprendidas entre 59 y 63 años que accedieron legalmente al sistema educativo entre los años 1987 y 1990 y ha impartido clases de forma ininterrumpida durante más de tres décadas.

Redacción

Extremadura |

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Varios Profesores Técnicos de Formación Profesional de edades comprendidas entre 59 y 63 años, integrantes de las listas de interinos de Extremadura desde el año 1987 en adelante, han denunciado públicamente la situación en la que se encuentran tras recibir un requerimiento de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por el que se le concede un plazo de diez días para acreditar una titulación universitaria, bajo advertencia de ser excluido de las listas de espera de varias especialidades, entre ellas, de Procesos de Gestión Administrativa y Procesos Comerciales.

Los docentes, que llevan más de 35 años impartiendo clases de forma continuada en la enseñanza pública extremeña, accedieron en su día a la función docente con el título de Técnico Especialista en las diferentes ramas de la Formación Profesional, titulación que constituía entonces el requisito legalmente exigido para impartir enseñanzas prácticas de Formación Profesional.

Durante todo este tiempo, las diferentes modificaciones normativas aprobadas por las distintas administraciones educativas permitieron que quienes habían accedido conforme a la normativa vigente, continuaran desarrollando su actividad profesional. Sin embargo, la situación ha cambiado tras la entrada en vigor de la normativa derivada del proceso de integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

La regulación estatal estableció como fecha límite el 19 de enero de 2026 para acreditar la titulación universitaria requerida para la integración. Posteriormente, la normativa autonómica extremeña dispuso que las personas integrantes de listas de espera que no cumplieran dicho requisito quedarían excluidas una vez superado ese plazo.

Como consecuencia de esta regulación, los profesores han recibido un requerimiento fechado el 20 de mayo de 2026 para acreditar una titulación universitaria que no poseen, circunstancia que podría provocar su exclusión de las listas de las que forma parte desde hace más de tres décadas.

"Lo que más nos duele no es una cuestión personal. Lo que nos resulta difícil de entender es que después de más de 35 años formando a generaciones de alumnos, cumpliendo siempre con nuestras obligaciones y accediendo conforme a los requisitos que exigía la propia Administración, ahora podamos ser apartados del sistema educativo por una condición que nunca fue necesaria cuando ingresamos en él", afirman.

Una de las docentes explica que inició estudios universitarios de Ciencias Empresariales, llegando a cursar hasta segundo curso y que, en una de las convocatorias de oposiciones, superó el proceso selectivo sin obtener plaza debido a la oferta ridícula de ellas, pero las responsabilidades familiares, laborales y personales hicieron imposible completar una titulación que, durante décadas, nunca fue exigida para continuar ejerciendo su labor docente.

A pocos años de la jubilación, considera que esta situación trasciende su caso particular y abre un debate sobre el reconocimiento de la experiencia profesional acumulada por numerosos docentes que han dedicado su vida a la enseñanza pública.

"Creo que la sociedad debe preguntarse si tiene sentido prescindir de profesionales que han demostrado durante décadas su capacidad docente, precisamente cuando se encuentran en la etapa final de su carrera profesional", señala.

Por ello, solicita a la Consejería de Educación una solución que permita compatibilizar el cumplimiento de la normativa con el reconocimiento de la experiencia profesional acreditada durante más de 35 años de servicio en las aulas extremeñas.

Asimismo, hace un llamamiento a sindicatos, organizaciones educativas y representantes políticos para que analicen el impacto que esta medida puede tener sobre otros profesionales que se encuentren en situaciones similares.