La Plataforma de apoyo a las personas migrantes y refugiadas en Extremadura, asegura que "Los derechos humanos no se negocian"

Ante el reciente pacto de Gobierno entre Partido Popular y Vox, y una vez leído con detalle los acuerdos rubricados en materia de migraciones, compartimos con la sociedad extremeña, estas reflexiones:

1. Las fuerzas políticas del arco parlamentario están llamadas a negociar, dialogar y establecer pactos. Pero no todo vale. Existen límites legales y éticos: Los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio.

2. Las palabras importan y con su uso incorrecto, se despersonaliza y criminaliza intencionadamente a las personas migrantes que habitan Extremadura:

-En España es incorrecto tachar de “ilegal” a una persona migrante. Puede encontrarse en situación administrativa irregular pero en ningún momento ha cometido ningún delito al ejercer su derecho humano

a migrar. Busquen en el Código Penal español. No lo encontrarán.

-No son MENAS. Se trata de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados: NNAMNA. Una sigla impronunciable, pero que no despersonaliza ni hace olvidar que hablamos de menores.

3. Ni masiva ni delincuentes: Una breve mirada a datos oficiales permite verificar que no se ajusta a realidad alguna que la llegada de menores migrantes sin referentes familiares a España sea masiva. En Extremadura no pasan de 150 los NNAMNA tutelados. El Gobierno de España ordena que sean 364.¿De verdad quieren hacernos creer que asumir esas tutelas ponen en riesgo la seguridad de la región o el futuro laboral del resto de jóvenes?

Quizá es mejor preguntarse por la cantidad de jóvenes extremeños que se siguen viendo obligados a salir de Extremadura para buscar oportunidades en otros territorios y las causas reales que lo provocan. Nadie aceptaría que se vieran sometidos a las múltiples violencias que reciben quienes emigran a España. Por cierto, tanto para los niños y niñas solos como para sus familiares es especialmente doloroso el proceso migratorio en edades tan tempranas. Olvidan los gobernantes de PP y VOX, hijos e hijas de una Extremadura marcada por las historias de desarraigo y migración, que quedarse en el propio hogar, aunque sea lo deseable, no siempre es una opción. Mucho menos cuando los recursos del lugar están siendo continuamente explotados por potencias extranjeras y colonizadoras. ¿Les suena? “Quien siembra colonización, recoge migraciones”.

Mienten abiertamente y siembran miedo en nuestra sociedad al extender el bulo de la peligrosidad que supone la convivencia con personas procedentes de otras latitudes. Por fortuna los datos oficiales verifican lo contrario.

Por un lado mezclan de manera torticera dos realidades, las de los menores no acompañados con la de menores que cumplen medidas judiciales. Obvian que estos últimos, en su inmensa mayoría tienen nacionalidad española. Por otro lado, vinculan a las personas migrantes con los casos de ocupación que puedan existir. Es injusto porque no refleja ni de lejos la realidad extremeña.

Y no, no vamos a permitir que se siembren todos estos bulos, florezca el miedo y se coseche odio en esta tierra contra nadie. El único deber de la Junta de Extremadura es dar una acogida digna a todas las personas y, en el caso de los y las menores, tutelarles y acompañarles debidamente (si es posible, de forma digna y con calor humano) en su crecimiento hacia la vida adulta.

4. El acuerdo rubricado entre PP-VOX también criminaliza a la sociedad civil organizada, así como a las entidades que dan apoyo humano y acogida a las personas migrantes llegadas a Extremadura. Acusa a estas organizaciones de recibir fondos públicos para cometer delitos, como es el tráfico de personas o colaborar con mafias. Prácticas deleznables y una acusación infundada que no, no nos da miedo: Con y sin fondos públicos continuaremos juntas y convencidas del lado de la historia en el que hemos elegido vivir, sintiéndonos pueblo, dando y recibiendo apoyo de seres humanos, vengan de donde vengan, haciendo comunidad, recordándonos que “nadie es el otro”, defendiendo los derechos humanos de todas las personas, y exigiendo a nuestras administraciones que hagan lo propio. Les guste o no. Nos comprometemos a permanecer vigilantes para garantizarlo.

5. Nos alegra enormemente que por fin pongan el foco en los padrones municipales. Aunque su fin último es criminalizar de nuevo, estamos convencidas de que si aplican esa medida se toparán con otra realidad, que esperamos que como administración atiendan: La de muchas personas migrantes que desean sin suerte formalizar su padrón, un deber y un derecho fundamental de todo ciudadano/a, “llave” de multitud de derechos básicos, negado continuamente.

6. No son sus competencias: Entre los compromisos alcanzados entre PP-VOX aluden a competencias únicamente estatales que escapan a su alcance. Por otro lado, en cuanto a las competencias puramente autonómicas como es la tutela de los niños y niñas sin referentes familiares en suelo extremeño, recordamos que la administración está obligada a su cuidado y a la debida tramitación de sus permisos de residencia. Es más, está obligada a verificar la edad de quienes dicen ser menores, una tarea conscientemente desatendida hasta la fecha.

De hecho, celebraremos si así se garantiza, pues hay muchísimos menores en Extremadura no reconocidos como tales que por fin podrán acceder al sistema de protección como les corresponde. Recordamos que antes que migrantes, son niños y niñas.

Eso sí, el gobierno autonómico demuestra desconocer la jurisprudencia y legislación en tal materia cuando alude al “refuerzo de pruebas de minoría de edad”. La ley es taxativa al respecto: esas pruebas solo pueden realizarse ante la falta de documentación del menor.

7. Es islamófobo, machista e ilegal la propuesta de prohibición del burka o del nicab en espacios públicos. Esta cuestión, prácticamente inexistente en nuestra región, solo podría regularla una ley estatal y no regional, no respetaría en tal caso derechos fundamentales recogidos en la Constitución como son la libertad religiosa, ideológica, personal y el derecho a la propia imagen. Además, lamentablemente, PP-VOX solo las señala a ellas, las mujeres y mezclan, de nuevo intencionada y erróneamente a personas migrantes

con la práctica de la religión musulmana.

Por cierto, en cuanto al acuerdo en torno a la “defensa de nuestra identidad, usos y costumbres”, olvidan ochocientos años de historia árabe en Extremadura, parte esencial del patrimonio cultural extremeño, una auténtica joya, de la que, en lugar de presumir, condenan al ostracismo al acordar prohibir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM). De nuevo se trata de una medida xenófoba y mediocre. Olvidan que mirarse y conocerse y reconocerse (¡¡8 siglos!!) es el mejor camino para la convivencia.

8. Hacemos un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse en la defensa de los derechos humanos. No va de otros. Nos entristecen los acuerdos entre PP-VOX en materia de migración, un término al que le robamos la i, porque, de nuevo es importante detenerse en cada palabra... la historia nos demuestra que todas y todos somos, hemos sido o seremos personas migrantes, y que no existe la necesidad de justificar la motivación que lo impulsa.

El racismo, xenofobia, islamofobia, criminalización y deshumanización que demuestran los acuerdos entre PP- VOX en materia migratoria para Extremadura son macabros. Pero tenemos muy claro qué haremos con el dolor y la rabia que generan: Vamos a canalizarla en forma de activismo en defensa incansable de los derechos humanos. Hacemos un llamamiento a toda la sociedad extremeña para que lo hagamos juntas, convencidas y por supuesto de la mano de nuestras compañeras de la comunidad musulmana, racializada y migrada. Jamás fueron ni serán “las otras, los de fuera, ni los distintos/as”, sino parte de esta Extremadura que los valora y donde no sobra nadie.

Ojalá sepamos estar a la altura. Eso sí es prioridad nacional.