El Gobierno de Extremadura "adecuará" la fiscalidad en la comunidad "si de ello depende el mantenimiento de la Central Nuclear de Almaraz", dentro de los principios de "igualdad" y de "justicia" que viene aplicando en las diferentes medidas tributarias que viene adoptando.
De este modo lo ha señalado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por parte del portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, en la que éste ha reprochado a la Junta que no está haciendo "nada" para propiciar la continuidad de la Central de Almaraz.
"No se preocupe, no se preocupe que nuestro Gobierno, nuestra presidenta, actuará y adecuará esa fiscalidad si de ello depende el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz", ha espetado a Fernández Calle la consejera, quien ha incidido en que el Ejecutivo regional de María Guardiola "ha peleado, pelea cada día y peleará para que Almaraz no se cierre".
Así, Elena Manzano ha vuelto a mostrar la oposición del Gobierno de Guardiola al "cierre sectario e ideológico" de la planta nuclear de Almaraz por parte del PSOE, y se ha mostrado convencida de que el mismo "jamás" se habría producido si dicha instalación se situase en Cataluña. "No cabe ninguna duda", ha señalado.
En este sentido, la consejera ha remarcado que el cierre de Almaraz supone "un ataque directo" a Extremadura, a las familias que viven de la instalación, y a las empresas, con las que según ha subrayado la Junta "no" ha parado de "hablar" y que, ha recordado, "han manifestado ante el ministerio que ellas quieren continuar, que quieren mantener la central nuclear de Almaraz abierta".
El cierre, según ha añadido, también supone "un ataque directo" a lo que plantea Europa en materia energética, ya que en 2023 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, "22 países se comprometieron a triplicar la producción de este tipo de energía al considerarla limpia y 12 de esos países fueron países miembros de la Unión Europea".
Al mismo tiempo, entiende el Gobierno autonómico que el cierre de Almaraz es "un ataque directo a cualquier que examine" la cuestión con "rigor y objetividad", tal y como --subraya-- plantea Fedea en un informe en el que "apunta" hacia el Estado que es "el que recibe la mayor parte del pastel de los más de 9.000 millones de euros que se mueven al año en relación con la fiscalidad de la energía".