Extremadura presenta un recurso ante el Supremo contra el decreto que regula el reparto de menores migrantes

Extremadura ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas.

Según ha anunciado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, dicho recurso ya ha sido firmado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y se llevará este martes a la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, donde se informará del mismo.

El Ejecutivo extremeño se suma así a otras comunidades autónomas que ya han presentado un recurso contra el reparto de menores migrantes no acompañados, y da continuidad a su oposición al mismo desde que fuera aprobado.

Asimismo, según ha detallado el vicepresidente de Vox en una comparecencia en la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en dicho recurso la comunidad reclama asimismo al Supremo la suspensión cautelar del decreto hasta que el alto tribunal dictamine si está ajustado o no a derecho.

Un decreto que cifra en 364 plazas la capacidad de Extremadura para acoger a los menores, cantidad que determinó el Gobierno "de manera absolutamente arbitraria, sin contar con Extremadura, sin conocer los recursos ni económicos ni habitacionales", ha señalado Fernández Calle.

"Extremadura no tiene una capacidad ilimitada, como cree el Gobierno de España", ha añadido, al tiempo que ha señalado que en el momento de la aprobación del decreto "Extremadura solamente tenía 14 plazas libres en el sistema de acogimiento de menores".

En este sentido, ha reiterado que esas plazas no son destinadas únicamente a menores extranjeros no acompañados, sino que son "para todos los menores", incluidos los nacionales, de modo que si esas plazas son cubiertas por chicos de otras nacionalidades "no se les puede dar el servicio a los menores españoles que lo necesiten".

En este punto, no ha podido precisar con exactitud el número de plazas con las que cuenta la región, que está en torno a 130, ni las plazas disponibles a la espera de la última actualización de este lunes, si bien han subrayado que el sistema está "al borde del colapso".

En su opinión, el Gobierno utiliza la "inmigración ilegal masiva como un arma arrojadiza" contra las comunidades autónomas, mostrándose así como "los negreros del siglo XXI".

"Siguen siendo los tratantes de personas del siglo XXI", ha insistido el mandatario extremeño, que recuerda que "antes de repartir el problema por toda España", el Gobierno debería utilizar las "armas" que tiene a su disposición, entre las que ha señalado devolver a Marruecos a los menores de este país, en cumplimiento del acuerdo bilateral cuya ejecución ha sido reclamada por el propio país norteafricano para que estos chicos "vuelvan con sus familias".

"No vamos a aceptar este reparto arbitrario de menores a Extremadura", ha remarcado el vicepresidente de Vox, que ha reiterado que utilizarán "todas las armas" políticas, administrativas y judiciales, con las que llegarán "hasta las últimas consecuencias", porque "los extremeños no tienen por qué pagar las nefastas y cainitas políticas migratorias del gobierno socialista de Pedro Sánchez".

Todo ello para evitar, ha dicho, que en España ocurra como está pasando ahora en Francia, donde están "literalmente quemando los institutos de todo el país las segundas y terceras generaciones de inmigrantes ilegales".

Así, exige al Gobierno que asuma sus "responsabilidades" como está haciendo el Ejecutivo regional, con el fin de que "los recursos de los extremeños" sean "para los extremeños" y los de los españoles para los españoles.