La Junta de Extremadura ha comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, su decisión de no asistir a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el próximo 13 de agosto, al considerar que no puede participar en un procedimiento de traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta mientras no se hayan tramitado y resuelto previamente los expedientes individualizados exigidos por la legislación vigente.
La Comunidad Autónoma sostiene que corresponde al Estado, en el ejercicio de sus competencias en materia de extranjería, determinar de forma individualizada la situación jurídica de cada menor, incluida su edad, identidad, circunstancias familiares, interés superior y, cuando proceda, su retorno o reunificación familiar. La Junta considera que no puede trasladarse a las comunidades autónomas la responsabilidad derivada de una competencia estatal que todavía no ha sido ejercida o no ha concluido mediante una resolución firme.
Extremadura reclama asimismo que se priorice la reunificación familiar y el retorno al país de origen cuando así resulte procedente, con todas las garantías legales y atendiendo siempre al interés superior del menor. En este sentido, considera que cualquier traslado a otros territorios puede dificultar la localización de las familias, retrasar la tramitación de los procedimientos y alejar a los menores de una eventual reunificación con sus progenitores.
La Junta ha solicitado formalmente al Ministerio que no prepare, acuerde ni ejecute ningún traslado desde Ceuta hasta que hayan concluido los correspondientes expedientes individualizados y que facilite a Extremadura la documentación acreditativa de la situación administrativa de cada menor respecto del que se plantee un eventual traslado. Asimismo, reclama que se impulsen con la máxima diligencia los procedimientos destinados a determinar, en cada caso, la solución que mejor responda al interés superior del menor.
La posición de Extremadura, trasladada formalmente al Gobierno de España, se fundamenta en la defensa del cumplimiento de la legislación nacional e internacional y en la necesidad de que cualquier decisión sobre estos menores se adopte con garantías jurídicas, de manera individualizada y priorizando la protección de los menores y la reunificación familiar. La Comunidad Autónoma rechaza, por tanto, cualquier mecanismo automático de traslado que no vaya precedido de la correspondiente actuación y resolución por parte de la Administración del Estado.