El contrato de autobús entre Badajoz, Madrid y Valencia queda desierto tras no presentarse ninguna empresa a la licitación
Se trata de una de las tres concesiones que Avanza decidió abandonar el año pasado.
La licitación impulsada por el Gobierno para buscar una nueva empresa que explote el servicio de autobús entre Badajoz, Madrid y Valencia, tras el rechazo de Avanza Bus a seguir explotándola, ha quedado desierta tras no atraer a ninguna compañía.
Se trata de una de las tres concesiones que Avanza decidió abandonar el año pasado, junto con la línea que une Ayamonte (Huelva) y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y la de Madrid-Salamanca-Vigo.
Debido a este abandono, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible decidió lanzar tres licitaciones para cada uno de estos servicios. El de Huelva a Barcelona sí ha recibido dos pujas de Interbús y Hife, mientras que en el de Madrid a Vigo se ha ampliado el plazo para presentar ofertas hasta el próximo 12 de febrero.
Respecto al de Madrid a Badajoz y Valencia, sí ha tenido que ser cancelado, debido a que ninguna empresa se ha visto interesada. Fuentes del ministerio explican que la licitación reproducía el contrato actual "sin cambios relevantes".
En los pliegos figura que el valor del contrato ascendía a 62,7 millones de euros para un plazo total de 9 años y con un coste máximo del billete de 0,05831 por kilómetro, incluyendo el IVA. También se precisa que la dotación mínima del personal que el contratista tenía que adscribir a la prestación del servicio es de 39 conductores.
Fuentes de Avanza Bus confirman que seguirá operando el servicio, ya que así está obligada a hacerlo, hasta que el ministerio busque una solución, entre ellas volver a sacar la licitación. Desde la empresa argumentan que la situación económica de estas tres concesiones, en las condiciones actuales, "es muy complicada, con pérdidas millonarias".
En cualquier caso, se trata de concesiones que están desligadas del nuevo mapa concesional que el Gobierno preparó hace un año, por lo que este mapa seguirá su propio camino, actualmente con la previsión de aprobarse antes de que acabe el año 2024.