El Consejo Asesor de Vivienda aborda el nuevo Plan de Vivienda y una línea de ayudas para mejorar la accesibilidad

El Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura ha abordado el futuro Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030 y el proyecto de decreto que regulará las ayudas autonómicas destinadas a mejorar la accesibilidad en viviendas para personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Durante la reunión, presidida por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, se han expuesto las líneas generales del nuevo Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo, concebido como el principal instrumento de la política de vivienda para los próximos años y elaborado de manera consesuada entre los agentes implicados.

El nuevo plan nace con el objetivo de reforzar las políticas públicas en materia de vivienda y ofrecer una respuesta integral a los retos actuales de la comunidad autónoma, impulsando medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, la rehabilitación, la accesibilidad, la vivienda pública y la cohesión territorial.

ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS

El consejo asesor también ha conocido el proyecto de decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del Programa Autonómico de Accesibilidad en Viviendas para Personas con Discapacidad o en Situación de Dependencia, así como la primera convocatoria de estas ayudas.

La futura línea de subvenciones tiene como finalidad favorecer la eliminación de barreras arquitectónicas y mejorar las condiciones de accesibilidad en viviendas, facilitando la autonomía personal y la permanencia en sus hogares de las personas con discapacidad, en situación de dependencia, con movilidad reducida o mayores de 65 años.

Para la Junta de Extremadura es "prioritario" impulsar este tipo de actuaciones dada la existencia de numerosas viviendas y edificios que todavía presentan carencias en materia de accesibilidad, y ante el progresivo envejecimiento de la población.

En este sentido, el Ejecutivo regional mantiene un "firme compromiso" con la eliminación de barreras arquitectónicas y la promoción de entornos más inclusivos, seguros y accesibles para todas las personas, favoreciendo la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la permanencia de la ciudadanía en sus hogares en las mejores condiciones posibles.

Las ayudas permitirán financiar intervenciones destinadas a adaptar los inmuebles a las necesidades de sus residentes y contribuirán a mejorar su calidad de vida, seguridad y autonomía, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Durante la sesión también se ha realizado una revisión de las iniciativas desarrolladas por la Administración autonómica en materia de vivienda, rehabilitación y suelo, además de recoger las aportaciones de los distintos representantes de las administraciones públicas, organizaciones empresariales, agentes sociales, colegios profesionales y entidades que forman parte del Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura.

Este órgano constituye el principal espacio de participación, consulta y asesoramiento de la Administración autonómica en materia de vivienda, contribuyendo al análisis, seguimiento y mejora de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso de los extremeños a una vivienda "digna, adecuada y accesible".

951 MILLONES PARA EL PLAN DE VIVIENDA

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha informado de que el Consejo de Gobierno podría aprobar el próximo mes de septiembre el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, que movilizará 951 millones de euros en ese periodo.

Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre el Plan Estatal de Vivienda, el consejero ha criticado que el Gobierno de España actúa en ésta y en otras materias de "forma unilateral", al tiempo que ha lamentado que el Ejecutivo central "no tiene reciprocidad institucional, no dialoga, no consensúa con las comunidades autónomas y el Plan de Vivienda es un ejemplo de ello".

Así, ha explicado que este plan fue "impuesto" a las comunidades autónomas y no recogió prácticamente ninguna de sus reivindicaciones, por lo que las regiones han recurrido al Tribunal Constitucional dicho plan porque entienden que invade competencias autonómicas, entre ellas, el principio de autonomía financiera.

"Se impone a las comunidades autónomas que se destine un 40 por ciento de la financiación del plan con los requisitos y con los condicionantes que establece unilateralmente el Estado sin haber contado con el consenso y la participación de las comunidades autónomas. Es decir: 'Oiga, yo invito pero usted paga, y además se toma lo que yo le diga que tiene usted que tomar'", ha criticado.

No obstante, ha incidido en que Extremadura, por "responsabilidad institucional", ha aceptado el reparto y ha dicho que cofinanciará "en los máximos" que le ha tocado por reparto en el plan. "Que aceptaremos las líneas, las adaptaremos dentro de los márgenes que nos da, pero eso no es óbice para que recurramos ante el Tribunal Constitucional esa invasión de competencias", ha recalcado.