CCOO asegura que la convocatoria de 2026 de oposiciones a maestros en Extremadura es "jurídicamente posible"

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha defendido este jueves que la convocatoria para 2026 de oposiciones a maestros en Extremadura es "jurídicamente posible", frente a las declaraciones del Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) que alertan de un posible 'bloqueo' en la convocatoria al estar el Ejecutivo extremeño en funciones.

A través de un comunicado, CCOO ha sostenido que es "irresponsable" el "generar alarma entre millones de opositores" a partir de "interpretaciones interesadas de la normativa vigente" y ha mandado un "mensaje de tranquilidad" al asegurar que existen "fundamentos jurídicos suficientes" para que la convocatoria pueda realizarse con normalidad.

Este sindicato ha afirmado que el argumento de PIDE se basa en una interpretación "literal" del artículo 5 de la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos autonómicos en Extremadura, donde se establecen determinadas limitaciones para los que estén en funciones. Sin embargo, según CCOO, esta interpretación omitiría principios básicos del derecho administrativo y del funcionamiento ordinario de las administraciones públicas.

Comisiones Obreras ha argumentado, en primer lugar, que la misma Ley 4/2015 establece que, tras el cese del presidente y hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, la Administración "continúa ejerciendo sus funciones, aunque limitada al denominado despacho ordinario de los asuntos públicos", es decir, que la ley da continuidad a la acción administrativa y que esta no puede paralizar su funcionamiento ni dejar de ejecutar decisiones ya adoptadas.

A renglón seguido, ha señalado que la convocatoria de oposiciones docentes no constituye una decisión política nueva, sino la ejecución de una planificación de empleo público previamente aprobada, esto es, que los procesos selectivos se derivan de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) ya aprobadas y que, por tanto, constituyen actos administrativos firmes que "obligan a la Administración a desarrollar los procesos de selección correspondientes".

Sobre esta cuestión, CCOO ha señalado que se trata de un principio recogido en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que establece que las ofertas de empleo público deben ejecutarse mediante la correspondiente convocatoria de procesos selectivos. "Es decir, la convocatoria es el desarrollo administrativo de una decisión ya adoptada, no una nueva política pública", ha insistido la organización sindical.

Por tanto, el sindicato ha asegurado que, desde el punto de vista jurídico, la convocatoria de oposiciones derivadas de una OPE aprobada "forma parte de la gestión ordinaria de la administración, incluso en periodos de gobierno en funciones".

Así, ha defendido que esta interpretación "no es novedosa ni excepcional", sino que responde a la práctica administrativa "habitual" en España y que ha sido respaldada por la jurisprudencia y por "múltiples precedentes" en distintas comunidades autónomas y en la Administración General del Estado.

En cambio, ha alertado de que paralizar la ejecución de procesos selectivos ya planificados podría generar "el efecto contrario al que se pretende evitar", el de "una grave inseguridad jurídica", al "incumplir" compromisos adquiridos mediante ofertas públicas de empleo ya aprobadas y publicadas.

CCOO ha considerado "legítimo" pedir información a la Administración sobre el calendario de los procesos selectivos, pero cree que utilizar interpretaciones "alarmistas" de la normativa "no contribuye a defender los intereses del profesorado ni de las miles de personas que se están preparando estas oposiciones".

El sindicato ha considerado que el sistema educativo extremeño necesita "estabilidad" en la planificación del empleo docente y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las organizaciones sindicales para "no generar incertidumbre innecesaria" entre los opositores.

SINDICATO PIDE

CCOO ha respondido así a dos recientes comunicados del sindicato PIDE en los que ha asegurado que no se pueden convocar las oposiciones por estar el Gobierno extremeño en funciones.

Por un lado, en su nota del 5 de marzo, justificaba esta opinión en aplicación de la Ley 4/2015, cuyo artículo 5 establecería limitaciones para aprobar o publicar convocatorias de procesos selectivos de acceso o provisión de puestos de trabajo, con carácter definitivo en ambos casos, para cualquier categoría de empleado público.

Por el otro, PIDE ha emitido este pasado miércoles, 11 de marzo, un segundo comunicado insistiendo en esta interpretación y exigiendo a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que se pronuncie públicamente, y con "carácter inmediato" sobre esta convocatoria.

"Si la Administración dispone de alguna vía legal que le permita convocar oposiciones aun estando en funciones (salvaguardando la seguridad jurídica), le exigimos que lo comunique con absoluta claridad y transparencia a los opositores", ha pedido concretamente la organización.