La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha instado este sábado a los grupos de PP y VOX en la Asamblea de Extremadura, y a presidenta de la Junta, María Guardiola, a "paralizar de forma inmediata" su "anunciada iniciativa" de derogar la Ley de Memoria Histórica de la comunidad y sustituirla por una "presunta Ley de Concordia".
Una petición que la asociación realiza, a través de nota de prensa, tras el Informe de los relatores de la ONU conocido este pasado viernes, y que instaba al Gobierno a preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y VOX en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisivilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".
Un informe ante el que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura muestra su satisfacción y recuerda que esas "presuntas leyes de concordia", en realidad "suponen un blanqueamiento revisionista del golpe de estado contra el legítimo gobierno republicano y un ocultamiento de la represión llevada a cabo por la dictadura franquista que durante cuarenta años persiguió, torturó y humilló a los vencidos", señala.
Añade que esas "pretendidas leyes de concordia representan una directa agresión para con las víctimas del franquismo y sus familias a los que se revictimiza y maltrata con estas iniciativas", explica la Armhex, que por todo ello, reclama que "se impulse la profundización de las políticas públicas de memoria consagradas en el Derecho Internacional y en la propia Ley 20/2022 de Memoria democrática estatal".
Defiende la asociación que "sólo partiendo de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, plasmado en los textos internacionales se pueden profundizar y garantizar los valores democráticos de convivencia, pluralismo político, y de defensa de los derechos humanos", señala.
Finalmente, Armhex insta al Gobierno de España a que "de forma inmediata impulse una efectiva actuación contra esta tendencia revisionista marcada por los acuerdos de PP y Vox, también en Extremadura", y no descarte llegar a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si fuera necesario.
También pide que "desarrolle profunda y reglamentariamente la Ley de Memoria Democrática estatal, dada la contundencia del citado Informe de Naciones Unidas", concluye.