La Armhex aclara que las ayudas a entidades locales para la exhumación de víctimas son financiadas por el Estado
En este sentido, la Armhex ha recordado que la Junta derogó recientemente la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019 tras el pacto alcanzado entre el PP y Vox.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha aclarado que las ayudas publicadas por la Consejería de Cultura y destinadas a entidades locales para la exhumación, indentificación y dignificación de víctimas de la Guerra Civil han sido financiadas por el Estado.
En este sentido, la Armhex ha recordado que la Junta derogó recientemente la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019 tras el pacto alcanzado entre el PP y Vox, con la oposición del resto de los grupos parlamentarios (PSOE y Unidas Podemos) y con el "tajante rechazo" de todas las asociaciones memorialistas y familiares de víctimas de la dictadura franquista.
Por ello, ha insistido en que las partidas citadas en el decreto de la Junta se financian con fondos estatales habilitados por el Plan Nacional estatal para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión política posterior, repartidos por el Gobierno de España entre las Comunidades Autónomas el 10 de junio de 2025, tras acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática.
Así, ha apuntado que el 28 de julio de 2025, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática dictó la resolución que formaliza los compromisos financieros derivados del acuerdo del 10 de junio. Este acuerdo afecta a las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana.
Según el reparto oficial de fondos para actividades de Memoria Democrática en 2025, Extremadura recibió 186.379,62 euro este año, destinados a proyectos concretos en los municipios de Llerena, Valverde de Llerena, Miajadas y Fuentes de León.
Los fondos están condicionados a actuaciones específicas en Extremadura, como localización y sondeos de fosas en Llerena, la exhumación de cuerpos en Valverde de Llerena, análisis antropológicos y genómicos en Miajadas y al proyecto y construcción de memorial en Fuentes de León.
"Son fondos finalistas que se deben destinar a esas concretas actividades y no pueden ser modificados o destinados a otros fines, por lo que la Junta de Extremadura no tiene más remedio que emplearlos en esas tareas o renunciar a ellos", ha precisado la asociación memorialista en nota de prensa.
Asimismo, la Armhex y otras entidades memorialistas han criticado que estas actuaciones se anuncien en periodo electoral a pesar de que derivan de una Resolución de la Secretaría de Estado de Memoria democrática de julio de 2025, además de lamentar que se puedan "eventualmente utilizar para blanquear la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura".
"Parece que la estrategia busca aparentar un cierto compromiso institucional mientras al mismo tiempo se ha derogado el marco normativo autonómico que garantizaba la continuidad de estas políticas públicas integrales de memoria democrática", ha señalado.
En opinión de Armhex, la reciente derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática y su sustitución por la llamada Ley de Concordia supone un "claro retroceso en las políticas públicas de memoria democrática y en la protección de los derechos humanos de las víctimas".
Además, tendría "efectos directos" como la "eliminación" del reconocimiento y reparación integral de víctimas del franquismo, supresión de la condena al franquismo, "obstáculos" a exhumaciones y desapariciones forzadas e "incumplimiento" de recomendaciones de la ONU.
"Y lo que es más grave, se han suprimido las referencias al ámbito educativo, esencial para potenciar los valores democráticos y la educación en derechos humanos como herramienta para fortalecer las garantías de no repetición", ha lamentado la asociación extremeña.