Tanto el exdiputado del PP Alberto Casero, que dejó el escaño tras ser procesado por el Tribunal Supremo por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Trujillo, como el socialista canario Juan Bernando Fuentes Curbelo, obligado a dimitir tras conocerse que estaba siendo investigado por la trama de corrupción del caso Mediador, han solicitado a la Mesa del Congreso que se les abone la indemnización que les corresponde al dejar la Cámara.
El reglamento de prestaciones sociales del Congreso establece que todo diputado que deje el escaño tiene derecho a percibir una indemnización por cese, incompatible con otros ingresos públicos o privados.
La cuantía de esta indemnización es la equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (3.126,89 euros) por cada año de mandato parlamentario, siempre que hayan estado al menos dos años en la Cámara, requisito que cumplen tanto Casero como Fuentes Curbelo.