La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elaborado un informe después de que una jueza de Trujillo elevara exposición razonada al Alto Tribunal en la que pedía que se tomara declaración como investigado al diputado por Cáceres del PP y exalcalde de esta localidad, Alberto Casero. El Ministerio Público entiende que existen indicios de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. Es un escrito adelantado por El Español, que se conoce después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo, apoyándose en el informe del Ministerio Público, instara al Supremo a investigar a Casero, quien ha sido la mano derecha del que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea y responsable, por su error en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante. La exposición apunta que se ha acreditado a lo largo de la investigación que Casero el 3 de marzo de 2017 contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales.