FUSÍÓN DON BENITO - VILLANUEVA DE LA SERENA

Don Benito y Villanueva se marcan 2/3 de los apoyos en la consulta popular para hacer irreversible la fusión de ambos municipios

La consulta se celebraría entre el primer y segundo trimestre del 2022 y cuenta con el aval del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Rafael Salguero

Extremadura | 20.09.2021 11:25

2/3 de la población tendría que votar a favor para seguir con el proyecto | Onda Cero

Los ayuntamientos de Don Benito-Villanueva, con sus alcaldes a la cabeza, todos los concejales de ambas corporaciones, así como los alcaldes de las nueve entidades locales que pertenecen a Don Benito-Villanueva, escenificaban esta mañana la unión, de ese proyecto de futuro que quiere ser la fusión de ambas ciudades.

Sin ahondar en las cifras ya conocidas, como que se convertiría en la tercera ciudad por población de la comunidad o la segunda por PIB, convirtiéndose en un motor económico de la región, los alcaldes José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo defendían un proyecto que no es político, sino de la ciudadanía y de la región. Una oportunidad histórica en donde se conservarán todas las señas de identidad y tradiciones de ambas localidades y cuyo horizonte y esfuerzos se sitúa entre el primer y segundo trimestre del próximo 2022, en donde se celebrará una consulta popular, que no quiere mayorías exiguas y se marca los 2/3 de apoyo para que la unión sea irrevocable.

Esta consulta ya ha sido informada, al gobierno de España, y cuenta con el aval y apoyo del propio presidente del gobierno, como un buen ejemplo de lucha contra la llamada España Vaciada.

Entre las renuncias, de un proyecto que se viene gestando de forma discreta entre Quintana y Gallardo desde el 2019, está su compromiso de que ninguno de ellos optará a la alcaldía de esa nueva ciudad.

Si todos los plazos se cumplen en Marzo del 2023, el consejo de gobierno de la Junta, que ha expresado su apoyo total el proceso, aprobaría y publicaría en el DOE el anuncio de la fusión de ambos municipios, comenzando el proceso, que se ha marcado 10 años como un plazo razonable, aunque no se descarta poder acortar esos tiempos.