Esther Sánchez | Juan Carlos Fresneda
Alicante |
Más de 200 vecinos y colectivos agrarios de San Miguel de Salinas se han concentrado esta mañana a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Alicante para protestar contra la planta solar fotovoltaica prevista por ACUAMED para abastecer de energía la desalinizadora de Torrevieja. Se trata de la segunda iniciativa de protesta que adoptan tras la manifestación realizada en la localidad el pasado mes de marzo.
Piden al gobierno la retirada del proyecto por su fuerte impacto económico, social, ambiental, paisajístico y cultural justificando su petición en que la desaladora y su ampliación “tienen garantizada la energía necesaria para su funcionamiento” y que la planta solar se impulsa “para abaratar el coste de la energía”. Según el proyecto, las placas solares ocuparían unas 160 hectáreas donde hay cultivos de cítricos en pequeñas parcelas y viviendas según denuncia el alcalde, Juan de Dios Fresneda:
El emplazamiento elegido para la planta solar tiene un elevado número de afecciones económicas, paisajísticas, culturales y medioambientales. Sirva de ejemplo el impacto en el sector agrícola del municipio dado que se baraja la ocupación de una rica huerta de cítricos en producción, catalogada de regadío tradicional y de interés nacional con derecho a aguas del río Segura desde hace un siglo, que factura alrededor de cinco millones de euros anuales y, por tanto, es el sostén de la economía de alrededor de medio centenar de pequeños agricultores. El Ayuntamiento de San Miguel apoya a la asociación de Vecinos, presidida por Manuel Gómez. Ellos dieron la voz de alarma cuando conocieron el proyecto que, ahora en la fase preliminar, todavía “se puede suspender” tal y como exigen:
Los vecinos lamentan además que las alternativas propuestas a ACUAMED -como la instalación de las placas sobre los canales del postrasvase o en los márgenes de la autopista- han sido descartadas porque “es más económica la macroplanta”, sin tener en cuenta que “miles de cítricos serán talados”, algo que “no comulga con la normativa Europea que es la que pone los fondos”.
Por todas estas cuestiones, los vecinos de San Miguel solicitan la retirada inmediata del proyecto y que no se inicie el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.