Societat Civil Catalana registró este pasado jueves en el Tribunal de Cuentas una demanda contra 11 ex altos cargos de la Generalitat, a los que acusa de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros "en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la propaganda internacional del Procés al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat".
La demanda la ha firmado el letrado Juan Chapapría, socio del Bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que se ha encargado de la preparación y redacción de la demanda junto al equipo de abogados encabezado por la socia coordinadora, Victoria Navarro. Chapapría ha subrayado que SCC continuaba su línea de actuación y fiscalización del gasto público a través del Tribunal de Cuentas, como ya hizo en relación al 9 de noviembre. En este caso, la demanda parte de la propia sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés, que trasladaba al Tribunal de Cuentas la cuantificación de las cantidades malversadas por el 1 de octubre.
El abogado ha querido resaltar que se ha llevado a cabo un "largo y riguroso trabajo de análisis de todas las partidas (contenidas en más de 34 gigas de documentación)", que ha durado meses. Los encausados en la demanda son Carles Puigdemont (3.303.000€), Oriol Junqueras (2.515.000€), Artur Mas (1.840.000€), Raül Romeva (617.000€), Dolors Bassa (1.301.000€), Francesc Homs (1.936.000€), Toni Comín (1.134.000€), Clara Ponsatí (900.000€), Jordi Turull (505.000€), Neus Munté (338.000€) y Lluis Puig (238.000€), a los que se acusa de uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a "observadores" de la consulta ilegal o contratos de lobbies para promoción de la causa independentista con el dinero de todos los ciudadanos.