FISCAL VIOLENCIA GÉNERO

Susana Gisbert: "El sistema judicial no ha fallado: ni pone medidas sin delito ni las prolonga más allá de la pena"

La fiscal especializada en violencia de género apunta al "legislativo y ejecutivo" e insiste en que los juzgados "no son órganos preventivos ni educativos"

Núria Moreno

València | 01.12.2023 16:35

Susana Gisbert, durante su intervención en una comisión del Senado. | EFE / KIKO HUESCA

Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, ha apuntado este viernes en Onda CeroValencia que el sistema judicial "no ha fallado", en relación al último caso de asesinato machista a una mujer de 34 años en Sagunto, que había estado en el sistema Viogen, pero no se apreció que su situación "fuese de riesgo".

Así lo explicaba este jueves en Les Corts, la vicepresidenta segunda de la Generalitat y consellera de Igualdad, Susana Camarero: "Contaba con un riesgo no apreciable, y eso no le ayudó. Sin duda es un fracaso del sistema cuando esto ocurre".

Para Gisbert, "el sistema judicial está para lo que está, que es cuando hay un delito cometido y hasta que se cumple la pena. Todo lo demás se ha de cubrir por otras vías, porque nosotros ni ponemos medidas preventivas cuando no hay delito ni las prolongamos más allá de la pena cumplida". "Si estamos fallando es en dejar caer el peso de todo sobre los juzgados sin tener en cuenta que no somos órganos preventivos ni órganos educativos", ha destacado.

Para Gisbert, "el legislativo y el ejecutivo tendrán que pensar qué hacer en casos en los que las órdenes de protección a la víctima acaban".

La víctima salió de Viogen en 2018

Según la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, "la víctima salió del sistema Viogen en 2018, cuando su agresor cumplió condena por un episodio anterior de maltrato, y desde entonces no había denunciado hechos similares".

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por una agresión a Fátima, la mujer asesinada, en 2016, el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto impuso entonces al agresor, ahora detenido, 42 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 16 meses y prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y comunicarse con ella durante 16 meses.