Valencia |
Medio centenar de organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes han solicitado al Síndic de Greuges que impida la aplicación de la prioridad nacional en la Comunitat Valenciana. Reiteran que para las personas migrantes y población nativa en situación de vulnerabilidad supone la exclusión de servicios y prestaciones sociales, como la renta valenciana de inclusión y acceso a la vivienda pública.
La nueva normativa, que exige un periodo mucho más amplio de empadronamiento, se va a aplicar a pesar de los informes sociales que sitúan a nuestra autonomía como la que cuenta con mayor desigualdad y con un 26% de la población en riesgo de pobreza. Katherine Trujillo, portavoz de las entidades, reitera que la prioridad nacional vulnera la legislación española e internacional.
Recuerdan que el Ayuntamiento de València tiene pendientes de resolución más de 5.000 solicitudes de empadronamiento especial desde 2024 y ha desestimado otras tantas por falta de residencia habitual a pesar de que en muchos casos los solicitantes viven en la ciudad desde hace años.