Ley de Igualdad Lingüística, financiación y competencias de Cercanías, en el programa electoral de Compromís-Sumar

La reforma del sistema de financiación autonómica es uno de los ejes que ha incluido Compromís-Sumar en su programa electoral para el 23J, que se estructura en 12 bloques, correspondientes a 12 ministerios, con 12 propuestas cada uno.

La coalición, nacida del acuerdo entre la formación valencianista y la plataforma que lidera Yolanda Díaz, promete abordar la "infrafinanciación que sufre la Comunitat" en una hoja de ruta que contempla también la restauración del derecho civil valenciano, el traspaso de las competencias de los trenes de Cercanías o la derogación de la ley mordaza, entre otros.

Bajo el lema, 'La teua veu', se preparan para una campaña y unos comicios que, según Àgueda Micó, cabeza de lista de Compromís-Sumar al Congreso por Valencia, "pueden ser un revulsivo". "El electorado de izquierdas que el 28M se quedó en casa va a ver cómo Compromís y Sumar son una voz fuerte y potente", apunta.

Además, Micó ha señalado que aspiran a lograr "grupo propio" en el Congreso y obtener "como mínimo" cinco diputados, aunque miran hacia "seis o siete".

Propuestas electorales

Aunque el programa incluye medidas compartidas con el programa estatal, la confluencia apuesta por ceñirse a la Comunitat Valenciana, aunque Micó ha dejado claro que Compromís apoya las medidas de Sumar.

Este programa "inconformista", según ha avanzado Alberto Ibáñez, número '2' al Congreso por Valencia, se basa en "tres grandes pactos" en materia de rentas, con subidas salariales y medidas de conciliación; tiempo, con una "apuesta decidida" por la jornada de 32 horas, y "justicia territorial" mediante la reforma de la financiación.

En educación, Compromís-Sumar apuesta por más inversión destinada a las autonomías, por una ley de uso y enseñanza de lenguas oficiales y minorizadas basada en la protección de los sistemas de inmersión lingüística, por modificar la normativa de conciertos y prohibir la cesión de suelo para construir centros privados, por acelerar el pago de las becas universitarias al inicio de curso o por fomentar la educación sexual en todas las etapas.

En vivienda y movilidad hay medidas como destinar el 30% de la nueva construcción a alquiler y venta asequible, traspasar todos los pisos de la SAREB a las autonomías, crear una red pública de alojamientos tutelados, ampliar la red de Cercanías --priorizando la conexión del aeropuerto de Alicante o el Tren de la Costa--, finalizar el Corredor Mediterráneo o ampliar los accesos de la AP-7.

En cultura se propone crear una mesa estatal con participación de las autonomías y los sectores, avanzar en la emisión multilingüe de las radiotelevisiones públicas y hacia una programación completa en valenciano del centro territorial de RTVE, descentralizar la promoción de la producción audiovisual o desmilitarizar y ceder a la Generalitat la propiedad del Convento de Santo Domingo de València.

En administración, Compromís-Sumar quiere velar por la titularidad y gestión directa de todos los servicios públicos a través de una normativa estatal y crear una Ley de Igualdad Lingüística que garantice el uso de las lenguas oficiales ante sus administraciones, en su vida pública y privada, así como cambiar la Ley Electoral para fijar circunscripciones autonómicas, llegar a 400 diputados y rebajar el derecho a voto a los 16 años.

En servicios sociales, que el Estado garantice el pago del 50% del gasto de la dependencia, un pacto para la acogida de menores no acompañados, una ley que reconozca todas las modalidades de familias, aumentar los permisos de los progenitores hasta seis meses --en las monoparentales disfrutarían de la suma de los dos permisos--, reconocer la lengua y cultura romaní o modificar la Constitución para reconocer las lenguas de signos española, gallega, vasca y catalana.

En economía, se apuesta por aumentar al salario mínimo hasta llegar al 60% de la media, transferir la Inspección de Trabajo a las autonomías que lo demanden, blindar las pensiones contra su privatización y seguir incrementándolas, establecer un índice de precios a los productos agroalimentarios que asegure un pago justo a los productores, revisar los tratados comerciales comunitarios o crear un plan de desestacionalización turística.

En sanidad, eliminar por ley la posibilidad de privatizar la gestión, obligar al Estado a pagar a la Generalitat la deuda por la atención a desplazados, más fondos para que las CCAA aumenten personal e infraestructuras, un pacto de Estado por la salud mental o garantizar el derecho al aborto en hospitales públicos.

En transición ecológica, permitir a autonomías y ayuntamientos decidir sobre la ubicación de plantas renovables, implantar zonas de bajas emisiones en València y otras ciudades de más de 50.000 habitantes, garantizar tanto el agua vinculada al trasvase Tajo-Segura como los caudales ecológicos necesarios para los ríos, revisar todos los impactos de infraestructuras en las playas, bonificar la devolución de envases, eliminar vuelos cortos con alternativas en tren de menos de cuatro horas o suprimir la financiación pública de espectáculos taurinos con muerte del animal.

En hacienda, además de reformar la financiación, unas inversiones territoriales justas, un plan de progresividad fiscal, hacer progresivo el impuesto de transmisiones patrimoniales, elevar los mínimos exentos del impuesto de sucesiones o crear un impuesto permanente a las grandes fortunas y tasas ambientales.

En justicia y memoria, proteger los derechos lingüísticos en el ámbito judicial, transferir el cuerpo de letrados a autonomías con competencias transferidas, dar más voz a las CCAA en las decisiones sobre creación de juzgados, recuperar los juzgados de violencia de género suprimidos, crear un censo de víctimas y un banco de ADN estatal o eliminar los beneficios fiscales de la Iglesia Católica.

En igualdad, aumentar el presupuesto para combatir las violencias machistas, una ley contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, blindar los derechos LGTBI a través de un pacto estatal, formar al personal de justicia y seguridad en este ámbito o medidas de inserción sociolaboral de personas trans.

Y en inmigración, considerar el concepto de "refugiados climáticos, decretar el cierre de los CIE o velar por la participación de las CCAA en la resolución de crisis humanitarias.