El juicio por el caso Erial, que sentará a Zaplana en el banquillo, empieza el 1 de febrero
Se investiga el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana
El juicio del caso Erial, en el que está procesado el exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, comenzará el próximo 1 de febrero en la Audiencia de Valencia y se prolongará posiblemente hasta junio.
El calendario contempla un total de 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos.
La instrucción finalizó el pasado mes de octubre. En el caso están investigadas una veintena de personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.
La causa afronta su fase final casi seis años después de la detención de Zaplana (22 de mayo de 2018).
Las peticiones de condena
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana como máximo responsable de la supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas.
Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).
También contra Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.
Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.