València |
El Gobierno estudia recurrir al Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026, entre ellos, los cambios introducidos por PP y Vox en las funciones de la Inspección educativa
Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras la "petición de amparo" de sindicatos y asociaciones de inspectores, con los que se ha reunido este martes, además de directores de centros de Primaria y Secundaria, que han trasladado "indefensión" porque consideran que el Consell busca implantar una "policía educativa" mediante los cambios en la Inspección, con el propósito, según ellos, de "perseguir" a los profesores.
El Ejecutivo central planteará una comisión bilateral con el Gobierno valenciano para "aclarar muchos aspectos que colisionan con leyes orgánicas superiores y que no deben sobrepasarse".
A la reunión con Bernabé han asistido representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y Atención Discapacidad, la Associació de Directors i Directores d'Escola Pública del País Valencià, USOCV, ANPE, la Associació de Directors i Directores d'Instituts d'Educació Secundària y la Associació d'Inspectores i Inspectors d'Educació del País Valencià.
Por parte de los sindicatos educativos, Marc Candela (STEPV) ha celebrado que la Delegación de Gobierno y la Alta Inspección "estén ya tomando iniciativas para defender al profesorado y su dignidad".
Mientras, Kilian Cuerda (UGT) ha acusado al Consell de actuar con una "práctica infame propia de regímenes autoritarios y fascistoides para intentar deliberadamente que el profesorado se autocensure".
Y Cristina Sánchez (CCOO) ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del profesorado y de permanecer "atentos" para que la nueva norma "no afecte a la autonomía de los centros, la libertad de cátedra y la capacidad de las familias de garantizar una educación de calidad basada en la confianza en el maestro".