Esther Rojo, presidenta de la Audiencia de Valencia: "Se puede mejorar la coordinación, pero las instituciones funcionan"

La Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género de la provincia de Valencia ha propuesto este viernes, en una reunión extraordinaria, una serie de medidas para evitar casos de violencia vicaria, entre ellas, la obligación de comprobar si hay causas abiertas por violencia de género antes de ratificar un divorcio con menores, que los juzgados que lleven casos de violencia machista tengan acceso a los procedimientos de separación y de custodia y, más a largo plazo, la interconexión nacional de los sistemas de gestión procesal.

Esta reunión se produce después del asesinato el pasado domingo de un niño de 11 años presuntamente a manos de su padre en la localidad valenciana de Sueca. Un juzgado había establecido la custodia compartida del niño al no ser informado de la condena por malos tratos que pesaba sobre el padre.

La presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Esther Rojo, tras la celebración de esta comisión, ha recalcado: "No podemos dar un mensaje equivocado a la sociedad porque el sistema funciona, se puede mejorar la coordinación, pero las instituciones funcionan". "Las mujeres que sufren la violencia de género deben confiar en los tribunales y denunciar porque funcionan".

La comisión ha acordado una serie de propuestas a corto y largo plazo, que implican a operadores judiciales, al Ministerio de Justicia y a las Gobiernos de las Comunidades Autónomas, y que se elevarán al Observatorio de la Violencia de Género del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) para su análisis.

Rojo ha explicado que se han aprobado medidas a corto plazo que "mejorarán mucho" el tratamiento de estos asuntos. Entre ellos, la Conselleria de Justicia se ha comprometido a la instalación de una aplicación en el programa de gestión Cicerone en los juzgados de familia, en los mixtos que llevan familia, en los de violencia sobre la mujer y en los de instrucción para el acceso al sistema de reparto civil y penal de los decanatos.

De este modo, pueden comprobar si existe un procedimiento civil de separación o divorcio o un procedimiento de guarda y custodia en la pareja. Además, hay un compromiso de acceso de los juzgados de familia y primera instancia con competencia de familia al Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ).

Por otra parte, se pide que antes de ratificar los convenios reguladores de separación o divorcio con menores se constate si existe algún incidente o procedimiento de violencia de género entre las partes. Esta comprobación puede aplicarse en dos momentos: en la entrevista que el letrado hace con su cliente o en el momento de la ratificación del convenio regulador por cualquiera de las partes, sea el juez, fiscal o los letrados.

Asimismo, la comisión insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como ya hacen, pregunte a la mujer que denuncie violencia de género si existe algún procedimiento de separación de guardia y custodia entablado en algún juzgado.

Además, entre las medidas a medio y largo plazo, se plantea una interconexión entre los diferentes sistemas de gestión procesal en todo el territorio nacional ya que en la actualidad cada comunidad autónoma tiene su sistema, así como mejorar la conexión entre el SIRAJ y el programa Cicerone, la herramienta de trabajo de los funcionarios de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En ese sentido, ha explicado que normalmente los procedimientos no acceden al SIRAJ hasta que existe acordada una medida cautelar. Sin embargo, hay algunos supuestos en los que la medida cautelar no se dicta. Por ello, se propone que los procedimientos sobre violencia de género tengan acceso a este sistema con independencia de que no se hubiera adoptado una medida cautelar.

Rojo ha recalcado que el sistema dispone de "instrumentos valiosísimos" a la hora de valorar el riesgo para las mujeres y sus hijos, como el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), el SIRAJ, o los cuestionarios de valoración policial del riesgo en los que pregunta expresamente sobre problemas de agresividad. "Estamos buscando la mayor coordinación entre todas las entidades implicadas para buscar soluciones, no culpables, porque el culpable es siempre el agresor", ha recalcado.

En esta comisión extraordinaria de la comisión han participado la vocal del Observatorio sobre la Violencia de género Carmen Llombart, el fiscal provincial, el secretario coordinador, la director general de Justicia, así como representantes de Colegio de Abogados, de Procuradores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, decano, oficinas de atención a la víctima y de la FVMP.