La Comunitat Valenciana no declarará zonas tensionadas para el alquiler
El Consell rechaza aplicar la ley estatal de Vivienda y acusa al Gobierno de plantear un "chantaje"
La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha confirmado este jueves que la Comunitat Valenciana no declarará zonas tensionadas para el alquiler, como recoge la ley estatal de Vivienda.
Así lo ha ratificado en declaraciones a los medios antes de su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda. "El Ministerio no tiene competencias, son autonómicas", ha apuntado Camarero, al tiempo que ha recordado que sí tiene la potestad para distribuir los fondos a las autonomías.
Al respecto, ha acusado al Ejecutivo de "gobernar para engordar la caja deCataluña", que sí ha aplicado la norma aunque, según la vicepresidenta, solo ha provocado "una subida de precios".
La vicepresidenta ha concretado que el "cupo catalán" puede costar en materia de vivienda 165 millones, "que no es un número, sino 16.764 familias a las que el Gobierno deja sin ayudas: 10.500 personas que han recibido ayudas al alquiler, 5.700 jóvenes que disfrutan del Bono Joven, 410 jóvenes que han obtenido ayudas a la compra de vivienda o 154 personas en situación de vulnerabilidad"..
Por ello, ha insistido en que la Comunitat lo que va a reclamar al Gobierno es que el Plan de vivienda atienda a "criterios objetivos, justos y equitativos, como es el criterio poblacional, el que da seguridad jurídica y garantía de esa objetividad necesaria a la hora de distribuir los fondos al conjunto de las comunidades autónomas".
En materia de Bono Joven, Camarero ha pedido al Gobierno que agilice los trámites para que se pueda publicar cuanto antes la convocatoria de ayudas: "Estamos fuera de plazo para que puedan llegar a sus destinatarias, por lo que el Gobierno debería certificar la partida y tramitarlas a principio de año en las próximas ediciones".
La Generalitat se ha sumado a un comunicado conjunto firmado por los gobiernos autonómicos de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla en el que reivindican la "no intervención en los precios y en las competencias de las autonomías", así como el "reparto igualitario de los recursos públicos".