MEDIO AMBIENTE

Ayuntamiento y conselleria instan al Gobierno "a defender La Albufera como Doñana"

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha reunido con la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas.

Eduard Ureña

València |

Ayuntamiento y conselleria inistan al Gobierno "a defender La Albufera como Doñana" | AV

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha reunido este lunes con la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, para hacer seguimiento del estado de la Albufera. Han anunciado que el Ayuntamiento y la Generalitat van a solicitar al Gobierno Central un Protocolo de Emergencia ante situaciones críticas que dé estabilidad a la gestión del parque. La consellera ha recordado que en las últimas semanas “no teníamos agua suficiente por la escasez de lluvias y las altas temperaturas de este otoño, además de la aparición de unas algas que han causado una coloración diferente”. Este episodio “llevo al Consell y al Ayuntamiento a reclamar caudales extraordinarios y tenemos que tener la seguridad de que si se producen estas situaciones exista un protocolo para actuar de forma inmediata cuando se den estas soluciones extraordinarias”.

Pradas ha anunciado que se reunirá este miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para tratar la situación del parque natural e iniciar los trámites para la declaración de Reserva de la Biosfera y trasladará la importancia de que la Albufera sea incluida en a Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, lo que elevaría a tres los espacios que cuentan con esta distinción en la Comunitat Valenciana junto al Alto Turia y el Valle del Cabriel.

Por su parte, Catalá ha explicado que tiene la intención de "liderar una candidatura coordinada con los trece municipios del ámbito territorial del Parque Natural de la Albufera para que l’Albufera sea declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y, además reclamamos la implicación del Gobierno de España en la conservación del lago, mediante un aporte hídrico mínimo blindado de 34,5 hm3/año, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar”. “Lo que nosotros exigimos es un trato similar al del Gobierno hacia Doñana, para garantizar las necesidades hídricas del lago y proteger su valor ecológico y ambiental. Necesitamos un protocolo claro y un compromiso serio y sincero”. Además, Catalá ha asegurado que “el pasado mes de diciembre le envié personalmente una carta a la Ministra de Transición Ecológica solicitando una reunión y mi preocupación por el caudal, a la cual no solo no he recibido respuesta, si no que directamente nos ha remitido a la Confederación Hidrográfica, con la que ya estamos en contacto”. Les digo que voy a volver a insistir a la Ministra que València, tercera ciudad de este país, tiene suficiente entidad como para que se lo tome en serio. Que no se esconda, que el Ayuntamiento de Valencia le pide, institucionalmente, una reunión con ella, entre otras cosas porque el Pleno aprobó el pasado 20 de diciembre una moción que insta a la Confederación Hidrográfica del Júcar a cumplir la norma y aprobar esa dotación mínima para el periodo 15 octubre-15 mayo”, ha añadido.

La situación de la Albufera ha mejorado en las últimas dos semanas gracias a los aportes hídricos extraordinarios que se están realizando procedentes de la Acequia Real del Júcar y de la EDAR de Pinedo. Pradas ha puntualizado que uno de los requisitos para obtener la declaración pasa “por contar con sistemas de gestión de los usos humanos y las actividades de la zona susceptible de ser declarada reserva”. “Para ello, considera necesario contar con las normas reguladoras del parque natural”, es decir, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Tanto la elaboración del primero como la renovación del segundo “llevan ocho años en los cajones y ha sido el Consell que preside Carlos Mazón el que ha retomado su puesta en marcha”. En este sentido, Pradas ha avanzado que esta semana firmará la orden de consulta pública previa del PRUG.