El TSJCV condena a la ex consellera Milagrosa Martínez y al ex gerente de Visitelche Isaac Vidal a 9 y 7 años de cárcel por la trama Gürtel de FITUR

Milagrosa Martínez, ex alcaldesa de Novelda, ha sido condenada a 6 años de prisión por malversación de caudales públicos y 3 por cohecho pasivo, así como a 8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa y otros 8 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, Isaac Vidal, que en la pasada legislatura fue gerente de Visitelche, ha sido condenado por el Alto Tribunal valenciano a 7 años de cárcel (4 por malversación de caudales públicos y 3 por falsedad documental). A ello se añade una inhabilitación especial de 5 años por prevaricación administrativa.

La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera probado que los cabecillas de la conocida como trama Gürtel crearon una red empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo, fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009, tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

Señala la sentencia que ese grupo de empresas era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las mercantiles carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Y esos importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y Vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas de la trama Gürtel.