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La Conselleria de Sanidad va a renovar la concesión de la gestión del departamento de salud Elx-Crevillent, que va a seguir en manos del grupo Ribera Salud, que es el que gerencia esa área sanitaria desde su inauguración en el año 2010.
El actual contrato caduca el próximo 31 de mayo.
Así lo ha anunciado este miércoles en un acto en València el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha incidido en que los análisis realizados concluyen que los indicadores de calidad percibidos por los usuarios del departamento sanitario están por encima de la media de la Comunitat Valenciana al tiempo que se han regularizado todas las liquidaciones económicas hasta el año 2022, “por un valor favorable a la Generalitat de 56,8 millones de euros”, según ha recalcado el conseller.
Marciano Gómez ha realizado ese anuncio esta mañana en un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea y durante su intervención ha especificado que la renovación de esa concesión administrativa se va a realizar con unos condicionantes de inversión que se están negociando y entre los que, según ha avanzado, se encuentran, la ampliación del actual centro de salud en Crevillent, o en su defecto la construcción de uno nuevo, y la ampliación del Hospital del Vinalopó en entre 70 y 100 camas.
Las valoraciones al anuncio del conseller no se han hecho de esperar.
Desde la Plataforma por la reversión del Vinalopó se ha recibido el anuncio del conseller como, han dicho “la peor de las noticias” y se ha acusado a la Generalitat de favorecer “el negocio” de una empresa privada, frente a “la salud”.
El colectivo ha subrayado que recogió más de 15.000 firmas de otros tantos ciudadanos reclamado la reversión a la gestión pública del área de salud ilicitano y ha lamentado que la Generalitat no haya atendido esa reivindicación.
En términos muy parecidos a los de la Plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó se han expresado tanto el PSOE de Elche como Compromís per Elx, cuyos portavoces en el Ayuntamiento, Héctor Díez, y Esther Díez, respectivamente, también han acusado al Consell de supeditar un beneficio empresarial al objetivo de la calidad asistencial.