La Policía Nacional detiene en Aspe a tres personas por retener, coaccionar y explotar laboralmente a compatriotas rumanos

Retenían a compatriotas a los que coaccionaban y explotaban laboralmente en fincas agrícolas. Estos son los motivos por los que la Policía Nacional ha detenido en Aspe a tres personas, dos hombres y una mujer, de nacionalidad rumana y con edades comprendidas entre los 24 y 47 años.

La investigación ha corrido a cargo del Grupo 2º de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante y se inició a raíz de una información recibida de carácter urgente por parte de las autoridades de Rumanía que informaban sobre la posible retención de ciudadanos de su país por parte de un grupo que los estaba coaccionando y explotando laboralmente en la localidad de Aspe.

Los agentes constataron rápidamente que uno de los trabajadores de la finca agrícola de la que se había advertido desde Rumanía era una de las personas que había denunciado lo que estaba ocurriendo, de modo que se dirigieron a él preguntándole si estaba siendo retenido, coaccionado y explotado laboralmente. El hombre contestó de forma afirmativa y pidió ayuda a los agentes.

Deuda impagable

Una vez en privado, la víctima explicó a los agentes que tras pedir un préstamo de 100 euros a otro compatriota suyo, siendo este el conductor del vehículo que los llevaba a la finca y los recogía, le dio el dinero con la condición de que cada mes que pasara sin cobrar la deuda se duplicaría la cantidad. Justo en esa época y debido a la pandemia del covid-19 la víctima tuvo que regresar a su país, por lo que no pudo saldar la deuda. Tras regresar a España el prestamista le solicitó el pago de la deuda que se había elevado a 3000 euros y le retuvo la documentación, obligándole a trabajar en explotaciones agrícolas diez horas diarias tanto en España como en Francia, pagándole sólo 40 euros semanales para que pudiera comer y llegando a ser alojado temporalmente en contenedores habilitados como viviendas de manera indigna e insalubre.

La víctima ha asegurado que ha permanecido en esta situación unos dos años junto con otros compatriotas, estimando que mediante los trabajos realizados en todo ese tiempo ha pagado al ahora detenido unos 90.000 euros, pese a lo que aún se le reclama una deuda de 3000 euros.

Asimismo, la víctima manifestó que no había denunciado antes su situación y tampoco había huido por el temor a las consecuencias, ya que considera muy peligrosos tanto a este varón como a su esposa.

Más implicados y víctimas en Francia

Tras las revelaciones de la víctima, los agentes averiguaron que el propietario de la explotación agrícola colaboraba con la persona que tenía coaccionados y explotados laboralmente a estos dos trabajadores y que el salario de los dos empleados identificados era ingresado en cuentas bancarias que pertenecían al principal investigado y a su esposa, por lo que el dinero nunca iba a parar a los trabajadores sino directamente a las cuentas bancarias de los cabecillas del grupo ahora desarticulado.

Durante la investigación los agentes averiguaron que los otros dos trabajadores también habían contraído deudas económicas con el cabecilla del grupo y que estaban siendo explotados laboralmente para pagarla, pero que a pesar de esto la deuda nunca se saldaba. A ellos también les había sido retenida la documentación y habían sido amenazados con hacerles daño a sus familias si escapaban o si denunciaban los hechos a la policía.

Por otro lado, la investigación llevó a los agentes a tener conocimiento de la existencia de cuatro víctimas más de ese grupo que habían sido trasladadas a Francia para seguir siendo explotados laboralmente.

Hasta 130.000 euros de saldo bancario

En el registro practicado por los agentes en el domicilio del cabecilla del grupo intervinieron 1650 euros y 1802 leus rumanos (moneda oficial de Rumanía) en efectivo. También fueron localizados distintos extractos bancarios a nombre tanto de los detenidos como de varios familiares suyos en los que había un saldo acumulado de más de 130.000 euros, dinero procedente de transferencias bancarias realizadas por parte de empresas agrícolas francesas que ingresaban el dinero en esas cuentas bancarias por el trabajo realizado por las víctimas de este grupo.