La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha dado luz verde este jueves a una convocatoria de ayudas económicas dirigida a las familias desalojadas del bloque 8 del barrio de San Antón, tras declararse la inhabitabilidad del inmueble.
Las ayudas, que contarán inicialmente con un presupuesto de 240.000 euros ampliables hasta los 3000.000, se articularán en dos líneas: una destinada al pago del alquiler de nuevas viviendas y otra para la compra de mobiliarios, electrodomésticos y ropa.
La edil de Acción Social, Celia Lastra, ha explicado que las unidades de convivencia afectadas podrán optar a estas subvenciones, “independientemente de si ocupaban las viviendas como propietarias, inquilinas o en situación de precario, siempre que estuvieran residiendo en el momento del desalojo”.
En el caso del alquiler, la ayuda podrá alcanzar hasta los 9.600 euros por familia, aunque no será compatible con otras soluciones habitacionales proporcionadas por el consistorio o entidades sociales.
Las personas acogidas a estos recursos podrán solicitar la ayuda dentro del plazo y percibirla una vez acrediten que han dejado dicha solución habitacional.
Para la compra de mobiliario, ropa y enseres, las cuantías oscilarán entre 600 y 3.000 euros.
Entre los requisitos, se valorarán el empadronamiento previo en la vivienda desalojada durante al menos seis meses, la situación económica de la unidad familiar y circunstancias como ser familia monoparental o numerosa, así como la existencia de un miembro con discapacidad o dependencia reconocida.
El plazo de solicitud será de diez días hábiles desde la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, prevista para el próximo día 29. Las solicitudes podrán gestionarse a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en la OMAC digital de San Antón, donde un trabajador social prestará asistencia directa.
El origen de esta línea de ayudas se encuentra en la partida de 360.000 euros aportada por la Generalitat Valenciana, parte de la cual ya ha sido destinada a sufragar alojamientos temporales y el alquiler de dos viviendas de emergencia. También se ha aprobado la cesión en precario de nueve viviendas propiedad de la empresa pública Pimesa.
Las familias preadjudicadas en pisos de Pimesa, así como quienes permanecen en alojamientos costeados por la administración, quedan excluidas de la ayuda mientras sigan en dicha situación. No obstante, podrán acceder a las subvenciones si cesa la cobertura pública que actualmente disfrutan.
El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha reiterado que no se permitirá el acceso a las viviendas desalojadas “debido al riesgo de colapso estructural, especialmente en las escaleras”. Se estudia, no obstante, permitir la recuperación puntual de objetos personales de poco peso, aunque se descarta cualquier tipo de mudanza.