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Los agricultpres del Camp d’Elx ha recibido como un jarro de agua fría, y gran inquietud pensando en su futuro, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo que, a través de un Real Decreto, aprobó el Gobierno central en abril del año 2023.
Esa resolución del TS valida el aumento del caudal ecológico en la cabecera del Tajo, que cuando se aplique llegará a suponer una reducción de hasta el 50 % en el volumen del caudal anual de agua trasvasado a la cuenca del río Segura desde la del Tajo.
Los regantes insisten en que esa decisión ha sido política, consecuencia de un acuerdo del presidente del Gobierno central con el presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha y reclaman al ejecutivo presidido por Pedro Sánchez (PSOE) que aproveche el proceso de planificación hidrológica que está en marcha para dar marcha atrás y revierta ese recorte en el trasvase.
Así lo ha afirmado Roque Bru, presidente de la Comunidad General de Riegos de Levante, entidad que aglutina a los más de 22.000 agricultores de la provincia que riegan sus cultivos con agua de ese trasvase. Más de la mitad de esos regantes son de Elche y Crevilllent.
Desde la Diputación de Alicante se ha reclamado ya al Gobierno de España “altura de miras” para evitar la desertificación del sureste español.
En esos términos se ha expresado Ana Serna, diputada provincial de Ciclo Hídrico que ha incidido en que el “varapalo” de que se haya avalado el incremento del caudal ecológico planteado por las nuevas reglas de explotación del trasvase que ahora pueden ser efectivas. Ha añadido que eso “condena a miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada para mantener su actividad económica”.