La Guardia Civil de Santa Pola requisa casi 5.000 botes de tinta para tatuajes sin control sanitario
En inspecciones realizadas en establecimientos de los municipios de Elche, Elda, Villena, Alicante, San Juan e Ibi
La Guardia Civil de Fiscal y Fronteras de Santa Pola ha retirado del mercado hasta 4.932 botes de tinta para tatuajes que estaban puestos a la venta de establecimientos de Elche, Elda, Villena, Alicante, San Juan e Ibi “sin haber sido sometidos a ningún tipo de homologación o control sanitario”.
Así lo informa este jueves la Guardia Civil que explica que esos productos procedían de países como Reino Unido, Austria, Dinamarca y, sobre todo, de los Estados Unidos, sin que constara haber pasado algún control aduanero.
Como resultado de las inspecciones realizadas por los agentes de la patrulla de fiscal y fronteras de la Guardia Civil de Santa Pola, se han detectado un total de 32 32 infracciones administrativas.
La campaña de inspecciones se han extendido por 13 establecimientos y 2 almacenes distribuidores ubicados en los municipios citados anteriormente.
Los casi 5.000 botes de tinta para tatuajes retirados del mercado están valorados en valorados en 68.912 euros y estaban puestos a la venta al público. Ninguno de ellos estaba correctamente etiquetado, es decir, que no presentaban factura alguna ni el correspondiente Documento Único Administrativo, que necesariamente debe acompañar a todo producto importado o exportado del territorio nacional.
En una de las inspecciones, concretamente en un local de Elda, al llegar los agentes al lugar, observaron que un trabajador estaba cargando un vehículo con botes de tinta procedentes de EEUU, “todos ellos sin etiquetar y también etiquetas sueltas, de una conocida marca de tinta, supuestamente para pegarlas posteriormente a dichos botes, haciéndolos pasar por legales”. La finalidad que se deduce de ello es ocultar todos estos efectos de la labor de inspección.
Las sanciones económicas de las 32 infracciones administrativas detectadas oscilan entre los 6.000 y los 30.000 euros. Además, podrían acarrear el cese temporal de la actividad comercial.
Las personas sancionadas administrativamente son 14 hombres, de entre 48 y 20 años y 2 mujeres, de 37 y 39 años, todos ellos españoles.