La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anunciado, durante la mañana de este jueves, la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Está citada para declarar el próximo 6 de julio, pero sea como fuere, y a la espera de la resolución definitiva, a Ximo Puig, el presidente de la región, se le complica y mucho el último año de Gobierno.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, quien asistía a la Asamble General de la CEV cuando se ha conocido la decisión judicial ha hecho una primera valoración y ha reclamado de nuevo respeto a la justicia y ha dicho que no cree que vaya a afectar al gobierno del Botànic.
En este sentido, el factor electoral también juega un papel fundamental. La última vez que la Comunidad Valenciana celebró elecciones fue en abril de 2019. Así las cosas, según el calendario electoral, los próximos comicios de la región se celebrarían en abril de 2023. A la espera, eso sí, de ver cómo reacciona Ximo Puig a la imputación de Oltra.
Recordemos que este procedimiento investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.
Tras la condena, la menor tutelada denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.
La Sala, tras estudiar el caso, se ha declarado competente para instruirlo al apreciar "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre la aforada y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada", según consta en un auto notificado hoy a las partes.