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PP y VOX en la Diputación rechazan mociones del PSOE contra las leyes de Concordia y Libertad Educativa

El Pleno de la Diputación también ha rechazado otra moción socialista que pedía activar medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda.

Europa Press

Castellón |

La Diputación de Castellón incrementa más de un 60% el contrato de mantenimiento y mejora las carreteras provinciales, con una inversión anual de 8 millones de euros | ondacero.es

Los grupos de PP y VOX en la Diputación de Castellón han rechazado en el Pleno de hoy dos mociones del PSOE contra las proposiciones de ley de Concordia y Libertad Educativa que recientemente han recibido luz verde a su primer trámite parlamentario en Les Corts

Así, respecto a la moción socialista que rechazaba la Ley de Concordia por "blanquear" el franquismo, el diputado de VOX, Luciano Ferrer, ha señalado durante la explicación de voto que "nunca existió un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, por lo que la moción se cae por el propio peso de la historia". "No negamos barbaridades cometidas en la Guerra Civil, pero el sufrimiento y la muerte fueron los mismos para todos, y si queremos conseguir concordia, entendimiento y convivencia, lo mejor es perdonándonos", ha añadido.

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiaola, ha explicado que "la futura ley no protegerá a todas las víctimas, pues desaparece la definición de lo que se entiende como víctima", y "se falta a la verdad cuando se dice que Franco es un personaje histórico y se olvida que fue un genocida".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación, Samuel Falomir, considera que "es un gran retroceso que se quieran eliminar las leyes actuales, que permitían que familiares pudieran recuperar los cuerpos de personas que fueron fusiladas en muchos casos por no pensar lo que pensaba el régimen franquista". "No tiene nada que ver lo que se vivió en la República y el franquismo, y equiparar ambos es un error y un retroceso", ha dicho.

El diputado del PP Andrés Martínez ha apuntado que la ley "recoge a todas las víctimas de la violencia, y por primera vez a víctimas del terrorismo, y reconoce el derecho a la actividad de indagación, localización y exhumación de personas desaparecidas, lo que supondrá que el desarrollo y profundización de políticas que lleva a cabo la Generalitat como las exhumaciones en los principales cementerios valencianos se pueda seguir llevando a cabo".

VALENCIANO

Respecto a la moción socialista contra el "veto" al valenciano en las escuelas, respecto a la Ley de Libertad Educativa, el diputado de VOX, Luciano Ferrer, ha justificado su voto en contra ante la "falta de rigor" de la propuesta, y se ha preguntado si "alguien se cree que desde Generalitat se intenta vetar nuestro idioma". Al respecto, ha destacado que dicha ley "permitirá que los padres elijan la lengua vehicular en la que sus hijos serán educados". "No se trata de recortar la enseñanza en valenciano, sino quitar el veto que pusieron al castellano", ha agregado.

La diputada de Compromís María Fajardo ha indicado, por su parte, que esta ley supone "el ataque más grande a la enseñanza en valenciano, pues, bajo el pretexto de libertad, se impone un modelo contra el valenciano y se legisla contra la única metodología que ha conseguido que nuestro alumnado fuera trilingüe". "Es la propuesta normativa más politizada y coercitiva y a centenares de valencianos se les impedirá estudiar en su lengua, además de que se impone sin consenso e incumple el Estatuto de Autonomía y la Constitución", ha afirmado.

La diputada socialista Ruth Sanz ha resaltado que la proposición de ley que regula la "mal llamada libertad educativa" resta derechos a los niños e impide que se adquieren las mismas competencias en las dos lenguas en la Comunitat Valenciana. "Lo que quieren es segregar y arrinconar el valenciano en las aulas", ha añadido.

Finalmente, el diputado 'popular' Alejando Clausell ha subrayado que la Ley de Libertad Educativa "no prohíbe el valenciano, pues se podrá estudiar tanto en valenciano como en castellano. La ley pretende garantizar la libertad, garantizando un equilibrio entre ambas lenguas", ha indicado.

El Pleno de la Diputación también ha rechazado, con los votos a favor de PSOE y Compromís y en contra de PP y VOX, otra moción socialista que pedía activar medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. En este punto, el diputado del PP Sergio Toledo ha señalado que dicha moción "no tiene sentido cuando se acaba de anunciar el mayor plan de construcción de viviendas de construcción pública de la historia de la Comunitat, pues en cuatro años se harán 10.000 viviendas asequibles".

Así mismo, con los votos a favor de PSOE y Compromís, en contra del PP y la abstención de VOX no ha prosperado otra moción socialista en la que se reclamaban refuerzos de los bomberos forestales durante todo el año y una mayor planificación de las alertas de riesgo de incendio.

MOCIONES APROBADAS

Sí han salido adelante una moción de Compromís en defensa de la capacidad inversora de los ayuntamientos, en la que todos los grupos han votado a favor, a excepción de VOX, que ha votado en contra; y dos mociones del PP para pedir al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para mejorar las plantillas y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para exigirle que presente un proyecto de PGE para 2024 que garantice las inversiones necesarias para la provincia de Castellón.

Compromís ha retirado una moción de apoyo a los pueblos afectados por megaproyectos energéticos en las comarcas de Castellón tras anunciar el PP una enmienda a la totalidad de la misma. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que esta moción se merecía una enmienda a la totalidad "porque ya sabían que estábamos trabajando, y estoy contenta porque los municipios tienen a su disposición 200.000 euros de ayudas para alegar en defensa del territorio".

Por otra parte, el Pleno de la Diputación ha aprobado la revisión de oficio, por causa de nulidad de pleno derecho, de los actos administrativos por los que se autorizan las reducciones de jornada sin disminución de retribuciones, al amparo de los establecido en el artículo 7.4a 3º, del decreto 42/1019 del Gobierno valenciano.