El lunes se reanudará el juicio por el caso castor

ÚLTIMA SESIÓN

La gran parte damnificados por el caso castor no percibieron ninguna remuneración por parte de sus seguros. Continúa el juicio por el caso en el palacio de la justicia de Castellón. Hoy, en su mayoría, testifican los perjudicados por el movimiento sísmico.

Los vecinos de las zonas afectadas por el seísmo, en la que destaca principalmente la localidad de Vinaròs, han ido relatando lo que sucedió durante los seísmo y como percibieron ellos lo sucedido. Tan solo con la parte judicial cubierta, algunos perjudicados continúan sin recibir noticias hasta hoy. La semana que viene se reanudará este caso en el que testificaran testigos propuestos por la fiscalía y defensas.

JUICIO

Los acusados del proyecto Castor alegan que no se percibían temblores.Los dos directivos entienden la actuación de la empresa y alegan que nadie notó temblores al inyectar gas.

En la primera sesión del juicio por el Caso Castor en Castellón han declarado los dos acusados y directivos de la empresa Escal UGS, adjudicataria del proyecto Castor. Son acusados, junto a la propia mercantil, de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Ambos han coincidido en declarar que se hubiese podido seguir inyectando gas en el almacén subterráneo, ubicado frente a la costa de Vinaròs, si no se hubiese decretado la paralización de la actividad.

El expresidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, ha reconocido que conocía la relación que podía haber entre la inyección de gas y la sismicidad, aunque ha apuntado que otros almacenes habían experimentado seísmos y seguían funcionando con normalidad. Del Potro ha añadido que la zona donde se ubicó el almacén subterráneo era la de menor peligrosidad de la península.

En la misma línea, el expresidente de la compañía defiende que los seísmos que registró el Observatorio del Ebro se localizaban a 15 kilómetros de Castor y a 20 kilómetros de Instituto Geográfico Nacional, por lo que no estaba claro que estuvieran conectados con Castor. Además, alega que ninguna sismicidad fue sentida por los ciudadanos mientras se estaba inyectando gas y que los niveles de presión establecidos por el Instituto Francés del Petróleo no se superaron.

Por su parte, el exconsejero delegado Martínez Dalmau ha apuntado lo mismo que el expresidente y ha añadido que se realizó un análisis de todos los riesgos, que además contó con auditorías "tremendamente exhaustivas" y que el yacimiento se comportó "muchísimo mejor" de lo esperado, pues la sobrepresión fue menor de la que establecían modelos conservadores.

CASO CASTOR

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a Vinaròs provocó más de 500 seísmos, resultando afectadas 123 personas que ahora reclaman a Escal cerca de 1,9 millones de euros por los daños morales producidos por la ola de pánico generalizado que se produjo.