PSPV y gobierno de Castellón chocan por la planta de residuos prevista en la carretera de l’Alcora
Los socialistas presentan alegaciones y el ejecutivo municipal responsabiliza al anterior Plan General de permitir la actividad
La posible instalación de una planta de almacenamiento, tratamiento y trituración de residuos de construcción y demolición en el entorno de la carretera de l’Alcora ha abierto un nuevo enfrentamiento político entre el PSPV y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón, formado por PP y Vox.
El Grupo Municipal Socialista ha anunciado la presentación de alegaciones contra el proyecto y ha reclamado al gobierno local que deniegue la licencia ambiental. La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que el proyecto supondría la implantación de una actividad “muy cerca de viviendas, barrios consolidados y colegios”.
Por su parte, el portavoz adjunto socialista, José Luis López, ha asegurado que el Ayuntamiento “sí puede frenar la licencia” y ha defendido que el debate no es solo ambiental, sino también urbanístico.
El secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, ha pedido a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que “rectifique y deniegue la planta”, al considerar que el actual Plan General lo permite.
El gobierno local acusa al PSOE de generar alarma
Desde el equipo de gobierno municipal, el portavoz Vicent Sales ha respondido acusando al PSOE de lanzar una campaña de “mentiras y falsas informaciones intencionadas” para “confundir y alarmar a los vecinos”.
Sales ha defendido que el origen de la situación se encuentra en el Plan General aprobado en 2021 durante el anterior gobierno socialista. Según ha explicado, dicho planeamiento “abrió la puerta” a este tipo de actividad en la zona.
El portavoz municipal ha asegurado además que el actual ejecutivo escuchará las alegaciones vecinales presentadas dentro del procedimiento administrativo abierto y ha insistido en que el Ayuntamiento actuará “con transparencia”.
Debate urbanístico y vecinal
La polémica gira en torno a la compatibilidad urbanística de la actividad proyectada y su proximidad a zonas residenciales y educativas del distrito oeste de la ciudad.
Mientras el PSPV sostiene que el consistorio puede denegar la autorización, el gobierno local considera que la situación deriva de la regulación urbanística heredada del anterior mandato.