La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado reabrir la causa en la que se investigaban posibles delitos societarios en la adquisición del campo de golf ubicado en la localidad de Borriol, en la que figuraban como investigados el expresidente de la Diputación Provincial de Castellón Carlos Fabra, el golfista Sergio García y el padre de éste.
De esta forma, la juez estima el recurso de reforma planteado por el Ministerio Fiscal contra el auto de 23 de enero de 2024, que acordaba el sobreseimiento provisional del caso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La jueza entiende que, revisadas las declaraciones y diligencias practicadas en este procedimiento, entre ellas los informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, procede estimar el recurso y dejar sin efecto el auto de archivo para que el procedimiento siga su curso y se pueda formular escrito de acusación.
Este auto que acuerda la reapertura de la causa es del 7 de junio de 2024 y puede ser recurrido en apelación.
La causa se abrió en julio de 2016, fue archivada en un primer momento en mayo de 2017 y se reabrió con posterioridad, ya en 2020, al aparecer nuevos datos en el marco de otro procedimiento, el que se sigue por la presunta ocultación del patrimonio de Fabra.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón estimó en enero de 2024 la solicitud de sobreseimiento de las actuaciones formulada por los tres investigados.
La magistrada entendía que no existía "relación alguna" entre el préstamo de 100.000 euros efectuado por el padre del golfista a Carlos Fabra en 2009 con la adquisición por parte de la empresa de la familia del deportista, Golf Borriol SL, de los terrenos propiedad de Golf del Mediterráneo SA, cuyo consejo de administración presidía también el expresidente de la Diputación. La juzgadora tampoco apreciaba la comisión de ningún delito en el contrato de arrendamiento de industria suscrito en noviembre de 2013 entre ambas empresas.
La causa se inició por una denuncia de parte de los socios del consejo de administración del Club de Campo Mediterráneo en la que exponían que los terrenos valorados en 10 millones de euros se vendieron por apenas 450 mil.