Los hosteleros de la Comunitat que decidan abrir sus establecimientos el próximo 16 de febrero pese a que la Generalitat prorrogue su cierre, se enfrentan a una sanción de hasta 60.000 euros y podrían incurrir en un delito contra la salud pública. La iniciativa ha sido promovida por la asociación castellonense ASHOCAS y otra entidad de Elda y Petrer ya ha anunciado que seguirá su ejemplo. "Es una imprudencia", decía Alfredo García Petit, de García Petit Abogados. "Estamos en un estado de alarma y la vía legal que se debe seguir no puede pasar por incumplir las normas".
La única vía legal a la que pueden recurrir los hosteleros es impugnar el cierre de los establecimientos ante los tribunales por la posible falta de justificación del gobierno valenciano para tomar esta medida y además, la reclamación de una indemnización por el tiempo que sus locales han estado cerrados.
García Petit también compara lo sucedido en el País Vasco, donde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ordenado reabrir los establecimientos del sector hostelero en Euskadi, a pesar de que se considera zona roja por incidencia de coronavirus. Ante esto, el letrado analiza que no tiene por qué suceder lo mismo que en la comunidad del norte de España, pero sí deja una esperanza de lo que podría suceder aquí. Aun así, "ni es el mismo decreto ni tiene la Justicia que decidir lo mismo", explica.