La Generalitat recurre los deslindes que afectan a la costa de once municipios de Castellón
Los procedimientos afectan a municipios como Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa
La Generalitat ha presentado 35 recursos para proteger el litoral valenciano frente a los deslindes promovidos por el Gobierno de España, varios de ellos relacionados con municipios de la provincia de Castellón. La iniciativa forma parte del plan de defensa de la costa presentado por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.
En Castellón, los procesos afectan a distintos municipios del litoral, entre ellos Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa.
El objetivo de la Generalitat es defender los intereses de los municipios costeros y garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados por las decisiones en materia de costas.
Martínez Mus ha señalado que actualmente hay 70 kilómetros de costa de la Comunitat Valenciana afectados por diferentes procesos impulsados por el Gobierno central.
Castellón concentra varios de los municipios afectados
La provincia de Castellón cuenta con once municipios incluidos en la relación de localidades en las que se han presentado alegaciones dentro de esta estrategia: Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa.
El conseller ha defendido que la Generalitat está recurriendo los procedimientos de deslinde y ha asegurado que la administración autonómica pretende ofrecer garantías a los afectados.
«Lo que intentamos hacer es combatirlos, explicar en qué consiste esta herramienta, más que nada por la tranquilidad de la gente, que sepa que la Generalitat está impugnando todos y cada uno de estos deslindes y que no vamos a tolerar que se conviertan estas intenciones en normas firmes», ha afirmado Martínez Mus.
La estrategia autonómica combina la protección ambiental con la regeneración de las playas, la recuperación del equilibrio sedimentario, la inversión en actuaciones de protección costera y la seguridad jurídica.
En este sentido, el vicepresidente tercero ha defendido que «la protección ambiental y la seguridad jurídica no son conceptos incompatibles. Al contrario, deben avanzar juntas».
Reclamación de obras de protección del litoral
El plan de la Generalitat se articula en tres líneas de actuación. La primera pasa por reclamar las obras de protección del litoral que, según el Consell, están pendientes desde hace una década y más de la mitad continúan sin ejecutarse.
La segunda se centra en la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana mediante los diferentes recursos, mientras que la tercera contempla el desarrollo de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.
La Generalitat también mantiene su oposición al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas al considerar que determinados aspectos pueden generar inseguridad jurídica y afectar a ciudadanos, actividades económicas y municipios costeros.
Martínez Mus ha defendido que «un único temporal excepcional» no debe utilizarse para modificar de manera permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre y ha reclamado que cualquier decisión se base en «criterios técnicos rigurosos, datos objetivos, series históricas contrastadas y parámetros científicos verificables».
El plan contempla además el acompañamiento a ayuntamientos, asociaciones y vecinos mediante informes técnicos, alegaciones, recursos y actuaciones administrativas en los procedimientos que afectan al litoral.
Según la Generalitat, más del 70 % de la población de la Comunitat Valenciana vive a menos de diez kilómetros del mar, una circunstancia que, según ha destacado Martínez Mus, pone de relieve la importancia del litoral para la actividad económica, turística y social de la Comunitat.